

El actual cabildo de Cuernavaca podría pasar a la historia como el que permitió la pérdida del patrimonio municipal y las corruptas, o por lo menos muy sospechosas, entregas de licencias para tala, demolición y construcción; y hasta la enajenación de calles en beneficio de algunos particulares y detrimento de la comunidad.
La Jornada Morelos en diferentes momentos sobre el daño persistente al arbolado urbano de la ciudad; los sospechosos otorgamientos de licencias; la tendencia de algunos funcionarios municipales para beneficiar los intereses de algunos particulares sobre la conservación del ambiente o el bien común; que fueron constituyendo episodios graves durante los últimos años.
A estos hechos se sumó, hace apenas unas semanas la autorización de la “permuta” de la calle Santa Prisca, en la colonia Reforma, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que a cambio construiría un área verde en un espacio de apenas mil metros cuadrados; después de haber talado decenas de árboles maduros en dos predios colindante. Una historia que también apareció en estas páginas junto con la denuncia de ambientalistas y ciudadanía, mientras funcionarios municipales intentaban justificar la tala advirtiendo que se trataba de árboles enfermos o que estorbaban al proyecto de construcción de un templo; y la dación de la calle, asegurando que casi nadie la transitaba.
Si aislado cada uno de los episodios pueden considerarse de extraordinaria gravedad, en conjunto parecen configurar un patrón de daño ambiental y simbólico, opacidad y corrupción municipal, y falta de amor por la ciudad que resulta en extremo alarmante. Cuernavaca está en venta, se regala o se canjea por beneficios, indulgencias de grupos de interés, dinero, en medio de círculos de complicidades por acción y omisión de aquellos a quienes se encargó el patrimonio municipal, los tangibles e intangibles que hacen guayabos a los habitantes de la capital de Morelos.
Lo dramático en cada una de las narraciones de destrucción de la ciudad que se han atestiguado y difundido en este medio, se convierte en trágico si se leen como una sola historia, la de cómo estamos perdiendo la ciudad, los espacios que nos dan significado comunitario: Y es mucho peor, porque se trata de un proceso en que los protagonistas son asociaciones, sociedades, organizaciones privadas in rostro, y funcionarios municipales cuya principal función es la de cuidar de la ciudad, esa que están vendiendo, regalando, donando o cambalacheando como si fueran sus viejos triques, esos con los que llegaron al ayuntamiento de Cuernavaca.
Unidos los puntos, el dibujo entristece y enoja. Pero el sentimiento de frustración no significa resignación y mucho menos aceptación; poco a poco se convierte en un conjunto de acciones informadas desde diversos espacios ciudadanos, la academia, las organizaciones de colonos, los defensores de derechos humanos, para frenar la erosión de nuestro espacio público, corregir las leyes equívocas, denunciar a quienes las han utilizado en su beneficio. Es una especie de fuerza proveniente de la desgracia para cambiar las cosas y recuperar el futuro que pasa por las acciones jurídicas, la denuncia pública, el activismo social y la exigencia ciudadana de castigo a los responsables.

Porque, aunque los funcionarios pudieran decir que actuaron conforme a la ley, lo cierto es que violaron preceptos constitucionales superiores de derechos humanos y comunitarios. Las facultades del funcionariado para hacer algo no significa que estén obligados a ello cuando lesiona bienes superiores.
El ayuntamiento aún puede dar reversa a muchas de sus malas determinaciones y empezar así a recuperar la ciudad que es de todos; a lo mejor también podría entonces reconciliarse con los habitantes.


