El 24 de septiembre pasado los cinco líderes ambientalistas de Santa Marta en El Salvador fueron absueltos por un Juzgado de Sentencia. Fue la segunda ocasión, en un año, que juzgadores declaraban su inocencia. La fiscalía general no pudo sostener la estrategia de criminalización de los luchadores sociales.
Alejandro Laínez, Antonio Pacheco, Pedro Antonio Rivas, Saúl Agustín Rivas y Miguel Ángel Gámes, enfrentaron un viacrucis. Estuvieron encarcelados por casi dos años y en arresto domiciliario ocho meses, los sometieron a dos juicios y, hasta el momento, penden las amenazas de nuevas acusaciones. Sus familias, la Comunidad de Santa Marta y una red de apoyo de organizaciones civiles y eclesiásticas de su país e internacionales, denunciaron los intereses extrajudiciales que configuraron este proceso penal falso.
Bukele, el presidente salvadoreño, declaró el estado de excepción en el país en 2022. Las garantías constitucionales se borraron porque busca reactivar la minería metálica, privatizar las playas, lanzarse al frenesí inmobiliario al robar terrenos urbanos y especular con el Bitcoin. Encarceló a los Cinco de Santa Marta como una medida preventiva de su resistencia, no obstante la represión, causó una movilización amplia. El rechazo a la minería metálica alcanza más del 60% de la población. Ni sus simpatizantes lo acompañan en esta intención de traer capital minero, aunque diga que será una minería responsable.
En El Salvador el gobierno no informa de ningún plan ni hay evaluaciones, solo mensajes en redes. Bukele y tres de sus hermanos controlan al legislativo y buena parte del poder judicial. El mandatario que se vendió como renovador solo ha profundizado el modelo económico oligárquico preexistente. El 87% de la riqueza nacional la controlan 160 personas. Mientras que el 70 por ciento de la población no tiene un empleo formal. Las remesas desde Estados Unidos son el sostén de gran parte de las familias. El dictador enfiló sus baterías hacia la privatización de la salud pública. Han sido despedidos cientos de médicos.
Centenares de madres buscan a sus hijos en las cárceles. Se los llevaron sin ordenes de aprensión. Son miles los inocentes que no tenían vínculo con pandilleros. Algunas familias han recibido la noticia de que sus familiares murieron en las cárceles por desnutrición o por palizas. El sistema penitenciario se ha convertido en un gulag que ahora recibe a seres humanos enviados desde Estados Unidos.
Los presos políticos se cuentan por decenas. Ruth López, Alejandro Henríquez, Ángel Pérez Anaya, entre muchos otros defensores de derechos humanos, sindicalistas y activistas sociales fueron encarcelados ilegalmente en los últimos meses. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado medidas cautelares inmediatas. Más de 80 periodistas han salidos del país porque su detención era inminente. Desde el exilio mantienen un periodismo crítico que evidencia las contradicciones de un régimen que se sostiene por el monopolio de la violencia. La fórmula histórica del capitalismo.
El Salvador es el ejemplo vivo de una situación de dictadura sin golpe militar en el que una Junta de Militares se instale en el gobierno. Bukele recurre a la guerra mediática y a la represión. En la primera tuvo fracturas. La gente no lo sigue en sus medidas centralizadoras y en la privatización de servicios públicos, la energía y hasta la gestión de los desechos. La población manifiesta tener miedo para expresar sus ideas.
En El Salvador está viva la memoria de la lucha que llevó a la cancelación de la minería metálica en 2017 porque fue el resultado de un consenso nacional por el agua, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones. Ese acuerdo nacional se reconstituye cada día a partir de las acciones comunitarias que, como en Santa Marta, llevan casi cuarenta años de organización autónoma.
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