Desde el inicio de esta administración se sabía que uno de los riesgos importantes para la seguridad estatal estaba en las fallas y vicios permitidos durante muchos años en el sistema penitenciario de Morelos, contaminado por grupos delictivos que operaban fuera y dentro de las cárceles, pero también por las omisiones de autoridades y complicidad de custodios y personal administrativo y directivo.
El primer conflicto importante que enfrentó la gobernadora, Margarita González Saravia, fue precisamente en el penal de mediana seguridad de Atlacholoaya con un intento de motín; a partir de entonces se han realizado 18 operativos en cárceles del estado para decomisar aparatos de telefonía y drogas, todos ellos han resultado en hallazgos de objetos prohibidos al interior de los penales y en varios se ha identificado la participación de custodios o personal administrativo de las cárceles que ya están bajo investigaciones.
Las acciones para desactivar actividades criminales desde los penales han afectado directamente la operación de grupos delictivos en Morelos dedicados a la extorsión y el narcomenudeo que tenían un brazo importante en las cárceles locales a través de internos tolerados, o asociados con las autoridades penitenciarias que se supondrían protagonistas de su eventual reinserción social. Este fenómeno junto con otros que tampoco podrían considerarse menores, como la falta de actividades formativas y formativas de los internos, evidencia el fracaso del sistema penitenciario en Morelos.
La situación de los penales en Morelos había sido motivo de señalamientos constantes de organismos de derechos humanos y apareció como una alerta en el diagnóstico sobre seguridad pública que realizó el equipo de transición de la gobernadora antes de asumir el cargo en octubre del 2024.
De esos estudios deriva la política de reforzamiento a la seguridad penitenciaria y a la reinserción social; que opera visiblemente bajo tres ejes mayores, el establecimiento de un orden estricto y seguridad dentro de los penales con estricto respeto a los derechos humanos; la habilitación de la industria penitenciaria para generar oportunidades de ingresos honestos y capacitación laboral en oficios a la población privada de la libertad; y el reforzamiento de actividades educativas, culturales, artísticas y deportivas, como parte de una formación integral de los internos.
Estos cambios han generado la reacción de los grupos criminales cuyos intereses fueron y siguen siendo tocados por la nueva política del sistema penitenciario en Morelos, y también por la estrategia de seguridad que detiene lo mismo a operadores que a líderes de grupos delictivos. Esta reacción presiona a igual a las fuerzas policiacas estatales, federales y municipales que a las autoridades y custodios de las cárceles de Morelos por dos vías, primero la que intenta corromperlos, y segunda la que mediante amenazas busca imponer un miedo que lleve a la inacción.
Los relevos en el sistema penitenciario entonces pueden ser interpretados como una forma de mantener a salvo la integridad de la estrategia de reinserción social; pero también se les ha dado el cauce que ameritan. En el caso de posibles presiones o peligro en su integridad, los funcionarios son readscritos a actividades diferentes dentro del mismo sistema. En cambio, si se detectan complicidades o cualquier acto de corrupción, los responsables son separados de sus cargos y sujetos a investigaciones que derivan en las denuncias penales o sanciones administrativas que ameriten.
El mensaje ha sido entendido muy pronto por los funcionarios del sistema, de ahí deriva la abundancia de solicitudes de jubilación de custodios del penal de Atlacholoaya que habían sido señalados por probable corrupción. Por supuesto que pueden irse, pero cometieron delitos, tendrán que ser sancionados. La investigación no debe concluir solo con su retiro.
