La Jornada Morelos / MDD
María Luis Villanueva Márquez estuvo presa durante 25 años acusada de un secuestro en el que no participó. Para procesarla fabricaron evidencias y se le sometió a actos de tortura cometidos por agentes de la ya extinta Procuraduría General de Justicia de Morelos, hoy Fiscalía General del Estado. 27 años después de los hechos y María Luisa recibió una disculpa pública de la fiscalía que fue publicada en el número 6484 del periódico oficial Tierra y Libertad, medida que, reconoce, es un motivo de satisfacción.
Villanueva Márquez fue liberada sin medidas de reparación hace un par de años. Desde entonces ha buscado que su nombre quede limpio con una declaración de inocencia y el reconocimiento del mal actuar de las autoridades que la señalaron, torturaron y mantuvieron encerrada ilegalmente por dos y media décadas.
“Ha sido un trabajo larguísimo, que se ha llevado una investigación por mucho tiempo, pero hoy la Fiscalía da esta disculpa pública… entonces pues yo me siento muy contenta porque es un gran paso para el reconocimiento de inocencia, porque esta disculpa que me están dando es por la detención que fue ilegal… por la tortura y también… se reconoce que se me fabrica un delito”, aseguró María Luisa frente a medios de comunicación.
Pero aún falta algo, que el Tribunal Superior de Justicia otorgue a María Luisa el reconocimiento de inocencia en una audiencia que deberá celebrarse en las próximas semanas. “Yo tengo fe… este paso de la disculpa pública, que la fiscalía acepte hoy trabajar diferente después de lo que a mí me ha sucedido, para mí ha sido muy importante”, insistió recordando su lucha que ha sido motivo de desgaste “emocional, psicológico, de salud y un sinfín de cosas y para mí esto es un gran paso que he dado, soy la Fiscalía acepte y me dé una disculpa pública”.
Confió en que, con la disculpa de la Fiscalía, este mismo mes de dé la audiencia de reconocimiento de inocencia, para la que, dijo “cuenta con todos los elementos del tribunal”.
La disculpa pública de la Fiscalía reconoce que “entre el 6 y el 10 de enero de 1998… elementos del extinto ‘Grupo Antisecuestro adscritos a la desaparecida Policía Judicial del Estado, cometieron actos que vulneraron la integridad personal de la ciudadana María Luisa Villanueva Márquez” además de admitir “la dilación en la integración de la carpeta de investigación SC01/2862/2014, por el delito de tortura”.
Advierte que “los actos que motivaron la emisión de la Recomendación (CDHM/SE/VRSP/061/044/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos) se llevaron a cabo por personas funcionarias distintas a las que hoy conforman la Fiscalía General del Estado de Morelos… los sucesos se desarrollaron en un contexto de temporalidad distinta a la presente administración, por tanto, no fueron conductas desplegadas por las personas servidoras públicas que hoy conforman la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Operativa de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía Regional Metropolitana”.
Aún con ello, la Fiscalía “reconoce la gravedad de los hechos y asume con responsabilidad institucional la obligación de ofrecer la presente disculpa pública a la ciudadana María Luisa Villanueva Márquez”.
Y señala que “una de las acciones de atención prioritaria de la actual administración, es la profesionalización, capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas, tal es el caso de los que integramos la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Regional Metropolitana, con especial énfasis en la erradicación de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en la garantía de un trato digno con perspectiva de derechos humanos”.
Por ello, “reconoce con profunda seriedad que toda forma de tortura representa no solo una grave violación a los derechos humanos, sino también una afrenta directa al Estado de Derecho y a los principios fundamentales de la justicia”.
También añade que “una vez autorizados los recursos financieros”, se procederá a la implementación operativa de la de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, “lo que implicará dotarla de una estructura orgánica adecuada, personal debidamente capacitado y herramientas que garanticen una correcta investigación, a fin de asegurar que las indagatorias sobre hechos constitutivos de tortura se realicen de manera eficaz, independiente e imparcial”.
