Josemanuel Luna-Nemecio*
En los discursos oficiales de la Cuarta Transformación, el campo aparece como pilar de la soberanía nacional y garante de la alimentación del pueblo mexicano. No obstante, esta narrativa convive con una realidad alarmante: el campo mexicano enfrenta una crisis socioambiental marcada por décadas de devastación, expansión del modelo agroindustrial y un uso intensivo de agroquímicos que, además de contaminar suelos y aguas, ha deteriorado gravemente la salud de las comunidades rurales y urbanas.
El dato es contundente: en México se aplican más de 15 millones de litros de plaguicidas al año, entre ellos al menos 140 sustancias prohibidas en otros países por su toxicidad. El resultado se observa en la epidemiología: en estados agrícolas como Sinaloa, Jalisco o Morelos se registran tasas de insuficiencia renal y cáncer que duplican el promedio nacional. A esto se suma la sustitución de alimentos tradicionales por ultraprocesados, lo que empobrece la dieta y aumenta la vulnerabilidad. La devastación ambiental se convierte así en devastación de la salud: quienes producen alimentos lo hacen en territorios contaminados y con condiciones cada vez más adversas para sostener la vida.
En este contexto, el programa Sembrando Vida se ha convertido en la política emblemática del gobierno para el rescate del campo. Con más de 400,000 beneficiarios y un presupuesto superior a 39,000 millones de pesos para 2025, busca reforestar, diversificar cultivos y generar empleo rural. Una de sus metas explícitas es la reducción de la dependencia hacia los agroquímicos y la promoción de prácticas sustentables. Y es cierto que sus beneficiarios han emprendido una transición agroecológica.
Sin embargo, en el resto del país, el uso intensivo de plaguicidas continúa, pues el programa no tiene capacidad operativa ni política para subvertir la estructura productiva que sostiene la crisis ambiental y sanitaria en todo México. Además, mientras Sembrando Vida incentiva prácticas agroecológicas, su implementación tiene que convivir con megaproyectos y cadenas agroexportadoras que siguen contaminando tierra, aire y agua.
Ante esta situación, la deteriración de la salud de las comunidades rurales es grave y apremiante. Los casos de insuficiencia renal crónica, intoxicaciones y daños neurológicos en niños expuestos a químicos se multiplican. Al mismo tiempo, la dieta basada en ultraprocesados ha disparado la incidencia de obesidad y diabetes: más del 30% de la población adulta vive ya con estas enfermedades.
Sin atender la dimensión de la salud socioambiental, no es posible hablar de soberanía alimentaria. Pues un campo devastado por agroquímicos y territorios enfermados no puede garantizar el derecho a la alimentación digna. Programas como Sembrando Vida representan puntos de partida para transformar esta situación. Sin embargo, para tener un mayor impacto, es necesario que se articule con una política integral que priorice agroecología, defensa del agua, justicia territorial y salud colectiva a nivel nacional. Solo entonces el campo podrá ser, en sentido real, la base de una soberanía alimentaria y nacional.
*Universidad Autónoma Metropolitana
