Tierra, cuerpo y dignidad: las mujeres rurales en la línea invisible de la pobreza
La marginación de comunidades enteras o de sectores completos de la población es incompatible con el grado de comunicación y de interconexión que ha alcanzado la humanidad. Vivimos en un mundo que transmite información en segundos, pero mantiene a millones de personas en el silencio y el olvido.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamaron en 2015 que el primero de sus fines era erradicar la pobreza “en todas sus formas y en todos los lugares”. A cinco años del plazo de la Agenda 2030, ese ideal parece cada vez más lejano.
La persistencia de comunidades condenadas al aislamiento y a la pobreza es la derrota moral y práctica de los modelos de desarrollo adoptados durante las últimas décadas. En México, aún existen grupos humanos “congelados en el tiempo”, atrapados en el mismo ciclo de carencia, desigualdad y abandono que sus abuelos enfrentaron hace medio siglo.
La ONU ha insistido -aun en este mismo año- en que la pobreza es también una forma de maltrato institucional. Muchas familias pobres —en especial las encabezadas por mujeres— sufren la desconfianza y el trato deshumanizado de las instituciones que deberían protegerlas. En Morelos, como en el resto del país, la superación de la pobreza pasa por reconocer la dignidad de las familias y fortalecer sus capacidades, no por la vigilancia ni por el asistencialismo.
Romper el ciclo de marginación exige políticas que reconozcan la interdependencia entre los derechos: sin tierra no hay autonomía; sin salud no hay fuerza; sin justicia no hay desarrollo.
Las invisibles del progreso
El mundo rural mexicano sigue siendo el espejo más honesto de nuestras contradicciones. Allí donde la tierra alimenta, la desigualdad germina con la misma persistencia. En los campos de Morelos, donde el trabajo de las mujeres sostiene buena parte de la economía agrícola, la pobreza, la falta de acceso a la salud y la exclusión de la propiedad son heridas abiertas que ni el discurso del desarrollo sostenible ni las décadas de programas sociales han logrado cerrar.
Los informes recientes de ONU-Mujeres, INEGI, ENSANUT y The Lancet no dejan lugar a duda: las mujeres rurales son el pilar silencioso del desarrollo comunitario, pero también sus principales víctimas.
Entre 2018 y 2022, más de 30 mil mujeres morelenses se incorporaron al trabajo en el campo; sin embargo, su participación no se traduce en poder ni en autonomía. Apenas el 29% de las propietarias agrarias del estado son mujeres. Es decir, laboran la tierra, pero no les pertenece. Su esfuerzo alimenta a otros, pero su derecho a decidir sigue dependiendo de estructuras patriarcales que las relegan al papel de productoras invisibles.
Esa inequidad se replica en otro ámbito aún más sensible: la salud. De acuerdo con estudios publicados en The Lancet, las mujeres indígenas y campesinas de América Latina enfrentan las mayores barreras para acceder a diagnósticos y tratamientos médicos. En Morelos, la depresión es 6% más frecuente entre mujeres que viven en zonas de marginación que entre aquellas de niveles socioeconómicos altos. Así, el abandono no sólo se mide en hectáreas o en ingresos, sino en cuerpos enfermos, en mentes agotadas y en el desgaste silencioso de quienes cargan con la sobrevivencia de sus familias.
Pobreza estructural: un ciclo que se hereda
La pobreza no es un estado de ánimo ni una condición pasajera: es una violación sistemática a los derechos humanos. Negar el acceso a la salud, a la tierra, a la educación o a un medio ambiente sano es negar el derecho mismo a la vida digna.
A pesar de los avances logrados por las políticas sociales desde 2018 —que redujeron la pobreza en Morelos del 50.8% al 35.2% de la población—, la vulnerabilidad se mantiene: 867 mil personas carecen de acceso a servicios de salud, y más de 800 mil viven por debajo de la línea de pobreza por ingresos.
Los números revelan algo más profundo que una desigualdad económica: muestran una fractura estructural entre las promesas del desarrollo y la realidad cotidiana de miles de familias.
En municipios como Ocuituco, Tetela del Volcán y Axochiapan, más de la mitad de la población vive en pobreza; y en los municipios indígenas de Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla, más del 70% sobrevive con carencias múltiples. Estos datos confirman que la marginación no es un accidente: es el resultado de una geografía de la exclusión que se repite generación tras generación.
La erradicación de la pobreza y la desigualdad rural no es un acto de buena voluntad, sino un compromiso de justicia social.
Porque cuando un Estado permite que miles de sus mujeres sigan cultivando tierras que no les pertenecen y mueran por enfermedades prevenibles, no sólo fracasa en sus políticas: fracasa en su humanidad.