Salud mental: del silencio doméstico al reto público
«La locura no es cosa del diablo, pero lo parece», recuerda Daniel Martínez Castellanos al revisar la larga historia de incomprensión y estigmatización en torno a la salud mental. Esa herencia pesa todavía hoy en México y en Morelos: los problemas emocionales y psicológicos suelen confinarse al ámbito familiar, donde se viven como vergüenza, carga o secreto, en lugar de asumirse como lo que son: un reto mayor de salud pública que exige acciones comunitarias y políticas.
De acuerdo con cifras citadas por Martínez Castellanos, el 9% de la población adulta padece algún trastorno mental. En Morelos, esto equivaldría a más de 140 mil personas, aunque las atenciones registradas por la Secretaría de Salud rebasan ya los 28 mil casos en un solo año, con predominio de depresión, ansiedad y psicosis. La pandemia agravó esta crisis silenciosa: más de cien mil mujeres morelenses han buscado ayuda por depresión en los últimos cinco años. Sin embargo, el rezago sigue siendo enorme: estudios internacionales muestran que en México pueden pasar hasta 14 años entre la aparición de un padecimiento mental y el inicio de un tratamiento, como señalan Martha Itzel García Torres y Eduardo Lazcano Ponce en el artículo “Atlas Integral de Salud Mental: hacia un diagnóstico nacional de los servicios de salud mental”.
El problema no es sólo de atención médica. La salud mental está atravesada por desigualdades territoriales, económicas y de género. Los servicios están concentrados en las ciudades y dejan a poblaciones aisladas sin opciones de atención. En Morelos, la región oriente carga con el 40% de las consultas, pero solo con el 30% de la población. En paralelo, el uso de sustancias psicoactivas y el impacto de las tecnologías digitales —la dependencia de pantallas, el “tecnoestrés”, la ansiedad inducida por redes sociales— amplifican los riesgos, sobre todo en jóvenes.
Pero hay dimensiones aún más invisibles. En “Discapacidad intelectual: la deuda pendiente en salud mental e inclusión en México”, García Torres, Jorge Emiliano Martínez Delgado y Lazcano Ponce subrayan cómo las personas con discapacidad intelectual enfrentan barreras múltiples: exclusión educativa, discriminación laboral, falta de apoyos comunitarios. La salud mental aquí no significa solo ausencia de enfermedad, sino de acceso a la vida independiente, a la educación inclusiva y a la participación plena. Cuando la escuela se convierte en un espacio de expulsión en vez de integración, se condena a miles a la dependencia, la pobreza y la invisibilidad.
La respuesta, entonces, no puede seguir siendo fragmentada ni tardía. Proyectos como el Atlas Integral de Salud Mental ofrecen un camino: identificar brechas, distribuir recursos de manera equitativa, planear servicios cercanos y accesibles. Que Morelos sea el territorio piloto de esta herramienta es una oportunidad histórica para el estado y para el país.
La salud mental es un reto de salud pública que demanda políticas sostenidas, inversión en educación inclusiva, prevención comunitaria, combate a la estigmatización y estrategias intersectoriales. No se trata de encerrar, ocultar o medicar como única salida. Se trata de abrir espacios de cuidado, escucha, acompañamiento e integración social.
Porque, mientras los problemas sigan confinados a la esfera doméstica, convertidos en secretos familiares o en condenas individuales, la sociedad seguirá repitiendo la lógica del encierro y el aislamiento que durante siglos marcó a la “locura” o las limitaciones de cada uno. Solo cuando asumamos que se trata de un asunto colectivo, podremos dar el paso hacia un futuro en el que la salud mental no sea un lujo, sino un derecho plenamente garantizado.