En medio de los señalamientos por presuntos desvíos de recursos en el sector salud durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, descartó que exista algún motivo para separar del cargo a Cristian Carmona Barón, actual secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, a pesar de que su nombre ha sido vinculado en una investigación periodística que lo relaciona con una red de empresas beneficiadas con contratos millonarios.
De acuerdo con una investigación revelada recientemente, tres empresas presuntamente relacionadas con Carmona Barón habrían recibido contratos por más de 323 millones de pesos durante el gobierno de Blanco Bravo, sin cumplir con la entrega de medicamentos ni otros servicios comprometidos al sector salud.
Frente a esta información, el alcalde de Cuernavaca fue directo: “No tenemos motivo para pedirle la separación del cargo a Cristian Carmona”, declaró en entrevista, al ser cuestionado sobre la situación del funcionario dentro de su administración.
Urióstegui confirmó que Carmona Barón colabora actualmente en el Ayuntamiento capitalino como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, cargo que desempeña desde el inicio de la actual gestión municipal. Aseguró además conocerlo de manera personal, pero aclaró que su relación con contratos otorgados por el Gobierno del Estado en administraciones anteriores no es un asunto que competa al gobierno municipal.
“Si tuvo contratos con el Gobierno del Estado, no es un tema del Ayuntamiento”, puntualizó Urióstegui, quien reiteró que mientras no exista una investigación formal o una resolución judicial que acredite responsabilidades, no se tomarán medidas administrativas en su contra.
Los señalamientos que involucran a Carmona Barón forman parte de un conjunto de señalamientos sobre presuntas irregularidades en el sector salud estatal, que incluyen la adjudicación directa de contratos y el incumplimiento de servicios esenciales como la entrega de medicamentos, insumos médicos y mantenimiento de unidades de atención.
Aunque los detalles del caso aún se encuentran bajo investigación, la posición del presidente municipal de Cuernavaca refleja una postura de cautela institucional y respeto al debido proceso.
