EL DESAFÍO DEL ESTADO MEXICANO
En México, la violencia ha alcanzado niveles que erosionan la vida cotidiana: homicidios, desapariciones de personas, discursos de odio y exclusiones que impiden a millones de personas vivir con dignidad. No se trata solo de hechos aislados, sino de una aparente normalización del miedo que atraviesa familias, comunidades e instituciones. La impunidad se ha convertido en un círculo vicioso que debilita la confianza en la justicia, a la vez que la desigualdad alimenta la exclusión y la falta de oportunidades. La consecuencia es una sociedad fragmentada, donde la violencia deja de sorprender y comienza a aceptarse como parte del entorno. Esta realidad plantea una pregunta urgente: cómo transitar hacia una cultura de paz en un país marcado por las desigualdades, la impunidad y el miedo.
La Organización de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre el Día Internacional de la Paz cada 21 de septiembre. De acuerdo con el Global Peace Index 2025, hoy la paz atraviesa sus niveles más bajos desde la Segunda Guerra Mundial: existen 59 enfrentamientos armados activos, con más de 150 mil muertes relacionadas con enfrentamientos tan sólo en 2024. Así como 92 países que están actualmente involucrados en conflictos más allá de sus fronteras. Estos datos muestran que la paz no puede entenderse solo como un ideal abstracto, sino como un imperativo de cultura de paz para la supervivencia y la dignidad de las personas y sociedades.
La violencia estructural se expresa en los altos índices de homicidios, la desaparición de personas, la violencia de género y el debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones. La paz no puede concebirse solamente como ausencia de guerra; implica construir condiciones de buena vida, de justicia social y pleno respeto a los derechos humanos.
Transitar hacia una cultura de paz requiere un cambio profundo y sostenido que combine políticas públicas, transformaciones culturales, participación no sólo de los gobiernos, sino también de empresas, industria, comercio y corresponsabilidad social. La paz no se decreta, se construye día a día. En ese camino, puede plantearse un ABC de la cultura de paz, como guía para pasar del diagnóstico a la práctica, de la queja a la construcción y de la indignación a la actuación.
A. Actuar a partir del respeto a los derechos humanos. Este primer paso implica que el Estado garantice justicia pronta y efectiva, pero también que cada institución, empresa y espacio social coloque la dignidad humana como eje central. Se trata de revisar el sistema de justicia para erradicar la impunidad, pero también combatir las violencias cotidianas. Actuar desde los derechos humanos significa que no haya tolerancia frente a la tortura, la corrupción o el uso arbitrario de la fuerza pública y que se generen mecanismos efectivos de reparación para las víctimas y la no repetición.
B. Buscar consensos y resolver conflictos sin violencia. México vive polarización política, tensiones sociales y enfrentamientos comunitarios que suelen resolverse desde la imposición o la fuerza. La cultura de paz propone otra lógica: propiciare prácticas de mediación en escuelas y universidades, fortalecer la justicia restaurativa en los tribunales y crear espacios de diálogo ciudadano en torno a proyectos de infraestructura, políticas públicas o reformas legales. Resolver los conflictos sin violencia no significa ausencia de debate, sino aprender a disentir sin destruir, sin agredir, a negociar sin renunciar a los principios, a poner el bien común por encima de intereses particulares, a aceptar las diferentes formas de pensar y no discriminar.
C. Construir cohesión social desde la inclusión y la solidaridad. La paz es insostenible en sociedades caracterizadas por desigualdades tan profundas; este eje apunta a garantizar que nadie quede fuera: políticas públicas para reducir la pobreza, acceso universal a salud y educación, reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y respeto a los derechos de las personas migrantes. También significa combatir los discursos de odio que alimentan la discriminación contra mujeres, personas con discapacidad, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad. La cohesión social se construye cuando la diversidad no se percibe como amenaza, sino como riqueza compartida.
Este ABC de la cultura de paz no es un recetario simple, sino un horizonte de acción colectiva; requiere tanto del compromiso estatal para garantizar seguridad y justicia, como de la corresponsabilidad social para transformar patrones de exclusión y violencia normalizada. Estos principios no pueden quedarse en el pensamiento, necesitan traducirse en acciones concretas, hechos realizados en espacios donde la educación, las instituciones y la ciudadanía los hagan realidad, mediante la participación de todas y todos.
En ese mismo horizonte de acción colectiva, la Universidad Nacional Autónoma de México ha comenzado a trazar una ruta con iniciativas específicas que buscan sembrar y fortalecer la cultura de paz en nuestro país. Un paso clave ha sido la creación del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias cuya misión “es alimentar el pensamiento crítico, generar alternativas y sembrar esperanza. La paz debe surgir tanto en las aulas como en los núcleos familiares y comunitarios, fomentarse en toda práctica cotidiana y manifestarse en la palabra que dialoga en lugar de confrontar” (Fundación UNAM, 2025).
Asimismo, la realización de la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz, impulsada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas y donde subrayó que “La UNAM ha dado pasos firmes en este camino. Ha incorporado, recientemente, asignaturas de Cultura de Paz en bachillerato y licenciatura, y ha fortalecido la formación en mediación y resolución pacífica de conflictos” (Gaceta UNAM, 2025). Lo anterior se trata de un esfuerzo que reconoce que la educación es semilla de transformación y que la paz debe vivirse como práctica diaria y horizonte compartido.
La paz en México no puede seguir reducida a un ideal o pensamiento, requiere de una sociedad dispuesta a rechazar la normalización de la violencia y a optar por la solidaridad frente al miedo. Pero esta transformación no será posible sin instituciones capaces de garantizar justicia y seguridad para todas las personas. Como advierte el Índice de Paz México 2025: “Para enfrentar de manera más eficaz el crimen y la violencia, el sistema judicial de México requiere mayor inversión. El país cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, una cifra equivalente a una cuarta parte del promedio mundial. Esto ha resultado en una gran cantidad de personas encarceladas sin haber recibido sentencia o juicio”. Sin legalidad, justicia eficaz y accesible, la cultura de paz seguirá siendo frágil.
La paz debe asumirse como un proyecto de nación que atraviesa lo político, lo económico y lo social, capaz de trascender los cambios de gobierno. Construirla exige recursos, continuidad, voluntad política, además de un tejido ciudadano fuerte que convierta la inclusión, el respeto y la cooperación en prácticas cotidianas. Sembrar la paz es un desafío colectivo impostergable, la única vía para garantizar dignidad y justicia a las generaciones presentes y futuras.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos