La política ambiental en disputa: inversión, leyes y territorios
Josemanuel Luna Nemecio[1]
Fleur Gouttefanjat[2]
En México, la política ambiental se encuentra en un momento de disyuntivas históricas. Mientras se promueve con insistencia la llegada de inversiones extranjeras para acelerar la industrialización y modernizar la infraestructura, los marcos regulatorios permanecen débiles, fragmentados y subordinados a los intereses del capital. Esta tensión abre una pregunta central para el presente y el futuro: ¿qué modelo de desarrollo se está construyendo y cuáles son sus costos sobre los territorios, la salud de las comunidades y los bienes comunes?
La estrategia del nearshoring, los megaproyectos y la proliferación de parques industriales son presentados como ejes de modernización y crecimiento económico. Sin embargo, la evidencia muestra que estas iniciativas suelen reproducir un patrón de contaminación, desigualdad y despojo. Las leyes ambientales actuales administran daños más que prevenirlos: evaluaciones de impacto adaptadas a las necesidades empresariales, sanciones simbólicas y una vigilancia insuficiente.
En este escenario, las industrias descargan residuos en ríos y barrancas, se sobreexplotan acuíferos y se acelera la pérdida de suelos agrícolas. Los territorios son el lugar donde esta disputa se vuelve tangible. La expansión industrial transforma paisajes, redefine usos de suelo y reconfigura las relaciones sociales, con efectos que trascienden lo ambiental.
El caso de Morelos ilustra estas contradicciones. Con una disponibilidad hídrica limitada y fuerte presión territorial, el estado ha promovido la instalación de nuevos parques industriales bajo la promesa de crecimiento y empleo. Sin embargo, la experiencia histórica —desde las descargas en barrancas hasta los conflictos por el agua en comunidades rurales— advierte que sin una regulación firme estos proyectos generan pasivos socioambientales que comprometen el futuro colectivo.
La discusión debe centrarse en tres riesgos inmediatos: agua más escasa, aire más contaminado y suelos menos fértiles. A ello se suman tres interrogantes clave: ¿dónde se descargarán los residuos?, ¿quién supervisará de forma independiente las operaciones?, ¿quién asumirá los costos sanitarios derivados de la exposición a contaminantes?
Frente a este panorama, es indispensable avanzar en medidas que fortalezcan la gobernanza ambiental: moratoria a nuevos proyectos en cuencas con estrés hídrico; evaluaciones estratégicas por cuenca y no por proyecto aislado; sistemas de monitoreo de agua y aire en tiempo real con acceso público; seguros ambientales obligatorios que garanticen reparación de daños; y criterios de ordenamiento territorial que aseguren zonas de amortiguamiento entre áreas industriales y espacios de vivienda o educativos.
La cuestión no es únicamente aceptar o rechazar la inversión, sino definir bajo qué reglas, con qué límites y en beneficio de quiénes. De esta respuesta dependerá que Morelos, y México en su conjunto, puedan evitar convertirse en territorios de genocidio ambiental.
Industrialización sin reglas: el alto costo ambiental para Morelos
Josemanuel Luna-Nemecio[1]
En Morelos se proyecta la construcción de nuevos parques industriales como parte de la estrategia nacional de atracción de capital extranjero. Hoy existen diversos parques industriales en operación y varios más en planeación, lo que implica una presión creciente sobre los recursos hídricos, ya de por sí limitados: esto sucede a pesar de que el estado enfrenta un déficit del 80% en disponibilidad de agua. La gobernadora Margarita González Saravia ha insistido en la importancia de detonar la economía estatal, pero el impulso a la industrialización ocurre en un contexto de débil regulación ambiental. El riesgo es claro: más descargas sin control a ríos y barrancas, mayor contaminación del aire y pérdida de suelos agrícolas. La experiencia de otras regiones del país muestra que el crecimiento industrial sin reglas ambientales se traduce en comunidades enfermas, degradación de los ecosistemas y conflictos sociales. Apostar por la inversión sin fortalecer la legislación ambiental podría convertir a Morelos en un territorio de sacrificio socioambiental, donde los beneficios inmediatos para las empresas se pagan con la salud y el futuro de su población.
-
Universidad Autónoma Metropolitana ↑
La tímida prohibición de plaguicidas en tiempos de la 4T
Fleur Gouttefanjat
El 5 de septiembre de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) anunció la prohibición de la importación, fabricación, formulación, comercialización y uso de 35 plaguicidas; como parte de la Estrategia Nacional para la Reducción y el Uso Adecuado de Plaguicidas.
Se trata, al menos a nivel simbólico, de una medida importante pues visibiliza el gran problema sanitario y ambiental que ha constituido la proliferación del uso de plaguicidas, en particular Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), en la agricultura mexicana, incluyendo la de pequeña y mediana escala. Sin embargo, no deja de ser una decisión extremadamente tímida, que deja intocados varios puntos clave.
Según la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), el presente decreto presenta tres límites importantes que limitan grandemente su alcance ambiental y sanitario, dada la gravedad de la situación ante la cual nos encontramos:
- Siguen siendo autorizados 200 ingredientes activos altamente peligrosos para la salud y el ambiente, incluyendo, por ejemplo, el clorpirifos etilo, el glifosato, el fipronil o los neonicotinoides. Esos plaguicidas son de los más usados en México.
- 7 de los plaguicidas prohibidos en el decreto ya tenían registros cancelados por COFEPRIS desde hace varios años (como el DDT o el endosulfán, por ejemplo), y 11 ya eran de importación prohibida desde 2020.
- El decreto no contempla medidas para luchar contra el uso ilegal de plaguicidas; no obstante, muy común en México.
Esta medida es una buena noticia, pero el camino por recorrer para la construcción de una agricultura sana es todavía muy largo.
El Bosque de Agua y la Presa Madin ¿Una batalla definitiva en el Valle de México?
Jesús Carlos Morales Guzmán[1] e Irving Iván Reyes Lara[2]
El Valle de México vive una disputa ambiental marcada por intereses inmobiliarios, leyes permisivas y territorios en riesgo. El Bosque de Agua, corredor de 250 mil hectáreas que recarga acuíferos y sostiene biodiversidad, pierde superficie por tala e invasiones, debilitando la principal “esponja” hídrica de la metrópoli. A la par, la Presa Madin —clave para millones— sufre contaminación por metales pesados, descargas residuales y lixiviados, mientras autoridades permiten proyectos como “El Cerrito”, con 1,500 viviendas a metros del embalse. Esta contradicción muestra cómo se autorizan inversiones que destruyen las fuentes de agua mientras se anuncian planes de potabilización. Proyectos fallidos como Bosque Diamante o Terralago reflejan un modelo urbano depredador donde las leyes ambientales ceden frente al capital y la presión inmobiliaria. La urbanización periférica fragmenta el territorio, pero sus impactos —agua, aire, infraestructura, crisis— alcanzan a toda la ZMVM. Defender el Bosque de Agua y la Presa Madin es defender la viabilidad de la metrópoli frente a una política ambiental capturada por intereses privados, donde se decide entre negocio inmediato o futuro colectivo.
-
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. ↑
-
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. ↑
Milpa Alta: territorio en disputa entre inversión y derecho a decidir
Laura Gisela García Domínguez[1]
En Milpa Alta, territorio comunal y ejidal, se disputa el bosque, el paisaje, la identidad y la vida. En 2022 se intentó aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), basado en el Plan General de Desarrollo, con la idea de priorizar derecho a la ciudad e infraestructura pública. Sin embargo, las consultas del Instituto de Planeación se realizaron de forma ajena a la comunidad, incluso con estudiantes externos, lo que llevó a los milpaltenses a bloquear la carretera Xochimilco-Oaxtepec. En 2023, el PGD y el PGOT fueron retirados del Congreso. Con Clara Brugada en 2025, se proyectan más Utopías, incluyendo una en San Antonio Tecómitl, aprobada en Asamblea Ejidal, aunque con voces que exigen un hospital en lugar de parques. El Cablebús también fue anunciado sin consulta previa, presentado en Villa Milpa Alta como acto proselitista. Pese al derecho constitucional a la consulta indígena, no se han mostrado proyectos completos ni presupuestos. El Estado viola sus propias leyes, pero los pueblos originarios resisten: la tierra no se vende ni se negocia, se defiende.
Pinta encontrada el lunes 28 de julio de 2025 en los Ejidos de Milpa Alta.
-
Escuela Nacional de Antropología e Historia/Posgrado en Geografía-UNAM ↑
Agua, negocio y devastación: el costo oculto del modelo agroindustrial jalisciense
Juan Carlos Páez Vieyra [1]
El estado de Jalisco, denominado el «Gigante Agroindustrial de México», se encuentra en un dilema de sustentabilidad, por un lado es pionero y vanguardia en acompañar procesos como la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional, y por otro priorizó la agroexportación (aguacate, agave, berries), adoptando una visión de «agua negocio» en términos de Pedro Arrojo, que contradice el objetivo de desarrollo sostenible número 6 de agua limpia y saneada para todos.
Este modelo extractivista ha provocado agotamiento hídrico alarmante, gran deforestación (90,000 hectáreas para agave; más de 2,000 hectáreas para aguacate) y contaminación severa del Río Santiago y Chapala. Empresas químicas y de agroexportación (ej. Naturesweet) son señaladas como contaminantes, y se ha detectado el herbicida glufosinato (cinco veces más tóxico) en niños con daño renal en las comunidades indígenas de Mezcala, en el municipio de Poncitlán.
El agua está acaparada por corporativos (cerveceras, tequileras, inmobiliarias) y políticos (generalmente porque al tener su puesto en el gobierno negocian el agua para particulares ligadas a sus élites económicas, causando corrupción), generando una «extrema injusticia hídrica» donde las zonas marginadas carecen de acceso. Estudio reciente del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) llamado “El Acaparamiento del Agua en Jalisco” denuncia la «captura corporativa» de la política hídrica, que debilita las instituciones, y afecta gravemente a los pobladores.
A nivel global, el agua es un derecho humano vital, pero el extractivismo transnacional y la escasez intensifican las desigualdades. La falta de un marco global vinculante para la gestión del agua contribuye al desplazamiento humano forzado (migrantes ambientales). 
La grave contaminación tóxica de la cascada el Salto de Juanacatlán. Foto: Juan Carlos Páez Vieyra
-
ITESO Guadalajara ↑
Buzón Ambiental
Este es tu espacio para hacer oír tu voz. ¿Tienes alguna inquietud, pregunta o denuncia sobre el medio ambiente en Morelos? El “Buzón Ambiental” de Xoxoctic está abierto para que compartas tus opiniones, experiencias y propuestas sobre la naturaleza, la ecología y los problemas que nos afectan a todos. Escríbenos y juntos hagamos nuevamente de Morelos el lugar de la “Eterna Primavera” ¡Tu participación es clave!
Manda tu contribución de no más de 1200 caracteres al correo:
lajornadamorelosxoxoctic@gmail.com
Soy de la colonia Rubén Jaramillo, y por acá nos dicen que con los nuevos parques industriales habrá progreso y trabajo, pero la realidad es otra. Cada vez tenemos menos agua en las casas, los ríos están más sucios y las tierras donde sembraban nuestras familias se están perdiendo. La ley debería protegernos, pero en los hechos siempre favorece a las empresas y a los políticos de siempre. Ellos deciden sobre nuestro territorio sin preguntarnos nada, y somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Lo que pasa en Temixco es un aviso de lo que puede pasar en todo Morelos si seguimos permitiendo que la inversión mande más que
Fernanza López, vecina de Temixco, Morelos
Lectura Recomendada
Te invitamos a sumergirte en el conocimiento a través de libros que abordan temas ambientales claves. Cada recomendación está pensada para inspirarte, informarte y generar conciencia sobre la naturaleza y los desafíos ecológicos que enfrentamos en el estado de Morelos y en todo el país.
En esta ocasión te invitamos a que conozcas el libro Sustentabilidad y economía política del agua en Morelos: Relaciones de poder, problemas e inconsistencias en la contabilidad hídrica oficial por parte del Estado mexicano, el cual fue escrito por Josemanuel Luna Nemecio y Editado por Religación Press.
El libro examina cómo la política hídrica neoliberal en México ha agudizado la crisis del agua en Morelos, un estado donde la gestión y administración del recurso se han visto marcadas por intereses corporativos y políticos que distorsionan la contabilidad oficial y encubren la escasez real. A partir de la crítica de la economía política, se revela un entramado de poder que ha provocado despojos y conflictos entre comunidades, instituciones y grupos sociales, mostrando que lo vivido en Morelos no es un caso aislado, sino un reflejo de los procesos de saqueo y desigualdad hídrica que atraviesan a México y América Latina bajo el capitalismo contemporáneo.
Para consultar y descargar gratis el libro, puedes ingresar a la siguiente dirección electrónica:
https://press.religacion.com/index.php/press/catalog/book/1
