Haciendo las paces con los ríos y las barrancas
Jazmín González Zurita
Hablar del agua hoy es hablar de justicia. No se trata solo de abrir la llave: el agua refleja cómo nos organizamos como sociedad, qué intereses prevalecen y qué modelo económico sostenemos. El agua es vida, es ciudadanía, es salud, es crecimiento económico y, sobre todo, requiere la participación activa y vigilante de los involucrados.
Vivimos tiempos decisivos. La sobreexplotación de acuíferos avanza sin control, mientras millones de personas enfrentan simultáneamente agua contaminada, sequías prolongadas y falta de infraestructura adecuada. Cada vez más expertos señalan que la escasez casi nunca es solo física: es política. El agua suele faltar no por límites naturales, sino por el abuso de industrias extractivas, proyectos mal planificados y gobiernos sin capacidad de regulación ni voluntad de corregir.
Esta crisis se refleja en los ríos y barrancas urbanas. Lo que alguna vez fueron corredores de vida y riqueza biocultural —hábitat de especies, fuentes de agua limpia, espacios de recreación y espiritualidad— hoy se han convertido en drenajes a cielo abierto. Sin embargo, estos mismos espacios conservan un potencial enorme para la regeneración ecológica y social: restaurar ríos y barrancas significa también restaurar el tejido comunitario.
Frente a esta degradación, la Declaración por una Nueva Cultura del Agua propone un cambio de paradigma: reconocer el agua como patrimonio de la biosfera y no como simple mercancía. Se trata de priorizar la gestión de cuencas bajo responsabilidad pública y comunitaria, apostar por la eficiencia y el ahorro, y entender que la escasez se resuelve con equidad y conservación, no con trasvases ni acaparamientos. Esta visión resuena con fuerza en América Latina, donde comunidades enteras han defendido históricamente sus ríos y manantiales frente a megaproyectos. La consigna es clara: el agua no se vende, el agua se defiende.
En este esfuerzo, las asambleas vecinales, pueblos originarios, colectivos de mujeres y jóvenes desempeñan un papel central. Son clave para llevar a cabo monitoreos comunitarios, luchar contra la privatización encubierta y exigir el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua y al saneamiento. Un aspecto clave de estas resistencias es la gestión comunitaria del agua. En cientos de localidades, los comités comunitarios han demostrado ser una forma eficaz de garantizar el abasto, mantener la infraestructura y cuidar las fuentes. En Morelos, la experiencia confirma esta capacidad organizativa: sistemas de agua gestionados localmente aseguran distribución y cuidado del recurso. Lejos de ser prácticas “informales”, cuentan con respaldo legal: la Ley de Aguas Nacionales, disposiciones estatales y el artículo 4º constitucional, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Además, la Observación General No. 15 de la ONU subraya la participación ciudadana en la gestión, y el Acuerdo de Escazú obliga a garantizar información, justicia y participación en asuntos ambientales, por mencionar algunos.
Muchas veces son las mujeres quienes sostienen estos procesos, transformando la gestión comunitaria en un ejercicio cotidiano de democracia y de economía del cuidado. Reconocer la legitimidad de estos comités es esencial: muchas veces son ellos quienes hacen posible que el agua sea realmente un bien común en la vida diaria.
La solución a la crisis hídrica no se limita a infraestructura gris. Hoy sabemos que las soluciones basadas en la naturaleza son parte de la respuesta: reforestar cuencas, recuperar barrancas, restaurar humedales, infiltrar agua de lluvia y proteger manantiales. Estas acciones no solo aseguran agua a largo plazo, también contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, como sequías extremas o inundaciones.
Naciones Unidas recuerda que el agua puede ser causa de conflicto, pero también un instrumento para la paz. El lema “agua para la paz” es un llamado concreto: compartir, restaurar y gestionar de manera justa este bien común es la base de la convivencia entre pueblos y generaciones. El agua teje comunidades.
Hacer las paces con nuestros ríos y barrancas significa dejar de verlos como desagües, dejar de darles la espalda o ignorarlos y comenzar a reconocerlos como aliados necesarios para una vida digna. Significa restaurar su riqueza biocultural y devolverles su papel de corredores de vida y encuentro comunitario. El dilema es político y profundamente humano: ¿será el agua un derecho que nos una como comunidad o seguirá siendo un negocio que nos divida? Responder a esa pregunta es, quizá, la tarea democrática más urgente de nuestro tiempo. Y para ello, no hay mejor punto de partida que reconciliarnos con los ríos y barrancas que nos dieron origen e identidad.
