Tras el fallecimiento de Imelda, una niña de tres años, atropellada en la avenida Plan de Ayala en Cuernavaca, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó que el Gobierno del Estado, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), ha iniciado una investigación formal para determinar si existen indicios de trata de menores en el contexto del trabajo infantil en las calles de la capital.
La mandataria reconoció que el caso ha evidenciado una problemática más profunda, relacionada con la presencia constante de niñas y niños —principalmente originarios de comunidades indígenas de Chiapas, como la Tzotzil— que permanecen en la vía pública en condiciones de vulnerabilidad. Señaló que ya se está realizando un análisis jurídico para esclarecer si estas circunstancias son producto de decisiones voluntarias o si existe algún esquema de explotación infantil.
“Estamos investigando también si es una cuestión voluntaria o no, con la fiscalía, porque a lo mejor podría haber trata de personas”, afirmó González Saravia, quien agregó que los familiares de la menor fallecida no han proporcionado más información, pero el Estado continuará con el seguimiento jurídico del caso, priorizando el bienestar de los demás menores involucrados.
En ese contexto, la gobernadora anunció la puesta en marcha de una Casa de Día que será habilitada sobre avenida Domingo Diez, en Cuernavaca, como espacio de resguardo para hijos de personas que trabajan en la calle. El sitio ofrecerá alimentación, atención médica, educación y cuidados básicos, en colaboración con el DIF estatal.
“El procedimiento jurídico ya está en marcha y los padres deberán aceptar que sus hijos sean cuidados por el DIF, mientras ellos trabajan”, señaló la mandataria. Afirmó que el proyecto busca atender de manera estructural la situación de riesgo en la que viven muchos menores en la vía pública, y que su administración mantendrá una línea firme para garantizar sus derechos y prevenir posibles casos de explotación o maltrato infantil.
Aunque aún no se cuenta con cifras oficiales sobre la cantidad de niños y niñas en esta situación, el gobierno estatal asegura que este nuevo modelo de atención incluirá un enfoque jurídico y social para actuar de forma preventiva, sin criminalizar a las familias, pero con énfasis en el interés superior de la niñez.
