Enrique Balp y Daniel Martínez Castellanos
A Morelos le hace falta una cultura de la legalidad en la que se entienda que el mejor pleito es el que no se inicia, asegura el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa en entrevista exclusiva con La Jornada Morelos en la que advierte que los pactos de impunidad, la puerta giratoria, y la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo estatal no existen.
Juan Emilio Elizalde llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en la peor crisis que haya tenido el órgano en su historia. Después de 25 sesiones frustradas por la falta de asistencia de un grupo el Congreso de Morelos debió intervenir y asignarle la responsabilidad que mantendrá hasta el 31 de agosto del 2027, cuando tendrá que entregar a quien haya resultado electo por la ciudadanía para relevarlo.
El magistrado llegó a un puesto que enfrentaba una crisis de credibilidad y legitimidad gravísima. Su antecesor, Luis Jorge Gamboa Olea ha sido uno de los magistrados más cuestionados en su conducta y las denuncias por presuntos actos de corrupción son abundantes. Pero Elizalde Figueroa se reserva profundizar en el caso. “hay órganos, revisores que habrán de hacer una fiscalización respecto a lo que refiere el manejo de recursos, manejo de personal y ya ellos indudablemente (definirán). Ahora está en curso una auditoría del propio Congreso del Estado, de la cual tarde que temprano habrá que surgir los resultados. Y bueno, si hay algo bueno pues qué bueno, y si hay algo malo, pues obviamente que respondan quienes tengan que responder sobre el particular”.
Advierte que el plazo que tiene su gestión, poco más de dos añis, “es tan corto que yo creo que es más a invertir nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestra oportunidad para tratar de que la próxima administración, los próximos juzgadores encuentren un tribunal, como tiene que ser, dentro de las vías del Derecho, dentro del marco de lo que nos marcan nuestras leyes”.
Juan Emilio Elizalde, junto con otros magistrados del Poder Judicial fueron extraordinariamente críticos con la gestión de Gamboa Olea; entonces aprovechamos para comentarle que cada presidente del Tribunal ha salido entre acusaciones graves de corrupción sin que después se proceda en su contra. ¿Hay un pacto de impunidad?, le preguntamos.
Explica que lleva poco más de un mes de ejercicio y actualmente se revisan “todas las denuncias al exterior. Y obviamente que es lo que nos va a dar pauta para hacer las denuncias que correspondan hacia las instancias que corresponden. Y de ahí entonces yo sí puedo hablar de lo que es mi tiempo. Podré dar cuenta de lo que a mí me va a corresponder hacer y lo que sí decirte que… cuando he tenido que hacerlo, he dado vista de jueces que han hecho mal su trabajo, a lo que es la Junta y lo que ha estado mal de los fiscales, le he dado pauta al fiscal (lo que hayan hecho ellos) ya obviamente corresponde a la cancha de cada cual, ahora sí tengo oportunidad de ver qué está sucediendo con todo este tema. Y yo creo que en el transcurso de los próximos días estaré en condiciones de dar cuál es el balance final de la revisión”.
También nos recuerda que hay 102 denuncias y quejas contra funcionarios del Poder Judicial, aunque muchas de ellas prescribieron ya “por la falta de actividad por parte de los denunciantes, o sea, que solo fueron, dijeron, dejaron de interesarse”.
Y en esta tónica de revisión y de mejora se inscribe la rotación de jueces penales, que busca, asegura lograr “armonía, es como la buena música. Cuando hay buena música quiere decir que todas las notas que están incorporadas en una pauta indudablemente tienen una secuencia. Y para que todos escuche bien, pues obviamente todos tenemos que estar sabiendo qué tocamos, cómo lo tocamos y en qué momento tenemos que tocar. Entonces hay dentro del proceso, los que son los primeros respondientes después lo que sigue la cuestión de la fiscalía y finalmente aterriza en el judicial. (debemos tener) armonía entre todos los actores y es lo que estamos tratando de lograr”.
Se tratan asegura el magistrado, de darle a Morelos “lo que todo el mundo está clamando, que es seguridad y condiciones en las cuales también de apego al Derecho. O sea, no se puede creer que se va a suprimir la inseguridad violentando derechos, sino por el contrario, salvaguardándolos y actuando en contra de quienes transgreden la ley”.
Coordinación sin subordinación
Juan Emilio Elizalde defina su relación con la gobernadora Margarita González Saravia como “de primera”, y menciona el respaldo que ella le ha dado en cuestiones relacionadas con la administración del Poder Judicial, “La verdad encontramos en ella eco para poder solventar compromisos que se tienen… Veo por la participación diaria de ella en las Mesas de Paz y Seguridad, lo que veo en la cuestión de los eventos que hace… a una gobernadora ocupada, preocupada, muy interiorizada en todo lo que está sucediendo”.
Y el reconocimiento también va para los otros integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad, “los veo al menos con un gran interés de poder atender lo que es el gran flagelo que vive en Morelos, que vive la nación, en la seguridad”.
Pero el reconocimiento y la buena relación no son de orden subordinante, recuerda, “recién fuimos sometidos a un caudal de críticas que hablaban de algo -que no existe de la mentada puerta giratoria-. Se hablaba que los jueces liberaban delincuentes y no es así”.
Explica que al exponer “las razones y las condiciones por las cuales los asuntos se judicializan, se vincula o no se vincula, va muy, muy de la mano con la aplicación del Derecho”. Y recuerda que, conforme a la Constitución todo mundo es inocente en tanto no se lo demuestre lo contrario.
Advierte que la salvaguarda de los derechos de todos corresponde al Poder Judicial y éste nunca podrá subordinarse a nadie, “el único jefe que nosotros tenemos es el marco legal y yo podré tener una extraordinaria relación con la titular del Poder Ejecutivo, una muy buena relación con el Fiscal. Pero eso no significa que haya mi subordinación. Ni arreglos, ni componendas, ni compromisos. La ley se cumple porque se tiene que cumplir”.
Una sentencia que vale 300 millones de pesos
Preguntamos al magistrado sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligaría al Ejecutivo a pagar 300 millones de pesos del presupuesto 2024 al Poder Judicial del estado, ¿ya hay acuerdo sobre cómo se pagará?
Elizalde Figueroa señala que la gobernadora está atendiendo el asunto “se va a tratar de acatar en términos no de ese volumen del que se habla. Porque parte de ese dinero ya se ha o se está ejerciendo y obviamente hay un remanente que tenemos que atender. El Tribunal en lo particular trae rezagos muy importantes en materia de dinero y estamos tratando de de alcanzar a través de ahorros… indicaciones que le he dado al directivo de administración es atender todos esos rezagos que tenemos de finiquito, particularmente con los trabajadores que perciben menos, oficiales, que le dieron 30 o 25 años de su vida al Tribunal y no pueden esperar”.
El haber de retiro no amarró a los magistrados
Durante las semanas previas a la designación de Juan Emilio Elizalde se habló de que se sometía a los magistrados con la promesa de un haber de retiro, una prestación económica que reciben magistrados y jueces por concluir su periodo o por retiro anticipado. El magistrado niega que haya habido esa presión y recuerda que ese pago está contemplado incluso por “las nuevas reformas, que obviamente falta aterrizar el modo sí. Y yo creo que nosotros, los que estamos los magistrados en ejercicio, estamos en espera de que ya comience ese camino hacia llegar al punto en el cual obviamente se pueda cumplir con esa disposición”
Explica que “hay muchos magistrados en retiro… A todos se les está tratando de cumplir también con las obligaciones que contrajo el Tribunal para con ellos. Lo que estamos buscando en estos momentos es que a través de todas estas aportaciones podamos estar en condiciones, seguir cumpliendo con los compromisos”.
Y añade “De repente se habla mucho en la cuestión de decir pensiones doradas o cosas por el estilo. Morelos es el segundo Estado del país más mal pagado para los magistrados, sólo nos gana Tlaxcala… Nosotros somos, insisto, esos garantes de los derechos, somos quienes tienen que juzgar, somos quienes tienen que dictar sentencia, quienes de alguna manera en el nuevo sistema adversarial, tener que estar frente a personas que obviamente han transgredido la ley, que son a veces personas bastante peligrosas… el mismo riesgo que tenemos en Morelos en es el riesgo similar que tienen en Sinaloa, que tienen en Tamaulipas, y que indudablemente la compensación a esos magistrados y a esos jueces es infinitamente superior a la que también nosotros enfrentamos”.
La justicia tarda por falta de personal
Con índices de impunidad que oscilan entre el 90 y el 98% de los delitos denunciados, ¿qué puede decir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a los miles que esperan una solución apegada a derecho y a justicia de sus expedientes?, le preguntamos.
Elizalde Figueroa asegura que se trata de un problema de alta demanda y escaso personal que debe atender a una población cada vez mayor. “hay juzgados que de repente tienen tres mil expedientes y tiene 3 secretarios y tienen 2 proyectistas… estamos buscando una reingeniería que nos permite indudablemente atender esos juzgados con más personal operativo que permita decir en vez de tener tres secretarios vamos a ver la manera de que haya siete. Y que vez que haya dos proyectistas haya cinco, porque esto va a permitir que el flujo de temas se maneje de una manera más dinámica, pero volvemos al otro problema… se requiere para todo esto, dinero.
Otro camino que debe andarse es evitar que tantos expedientes lleguen a los juzgados, para ello hace falta conocer los instrumentos de mediación para buscar que no se acrecienten los problemas. Explica que ello dependerá en parte de completar la transición de un sistema penal que solo castiga a uno que busque resarcir el daño a las víctimas, lo que permite buscar salidas alternativas.
También considera necesario cambiar la cultura ciudadana para evitar el consumo excesivo de alcohol o el de drogas; reorientar la educación para reducir la sobreprotección y recuperar los valores y principios, entre otras cosas.
“Yo creo que es una cuestión de conciencia, pero básicamente se han perdido los valores, los principios. Algo que la verdad formaba parte de una formación… que aprendías, desde cederle el asiento a una mujer, pararte cuando llegaba el maestro, decirle ‘buenos días’, cosas que parecen nada, pero son torales para la convivencia y la buena convivencia de una sociedad. Es cierto, hay problemas, pero también hay que pensar qué tan corresponsables somos entonces también, y eso va desde la elección de las autoridades, y ahora que va a tener el pueblo, la posibilidad de elegir a quiénes le juzgan”.
Elizalde Figueroa asegura que la de los jueces “es la función más privilegiada que puede tener el ser humano. Juzgas a tus semejantes. Eres de alguna forma y con perdón, a lo que vaya yo a decir, eres Dios en la Tierra. Tu decisión como juzgador incide en vidas, en bienes, en familias, en libertades, en historias. Un juzgador tiene un compromiso que la verdad ni ellos mismos alcanzan a comprender. Es parte de mi labor, lástima que ya me quedé poco tiempo, colocarles ese chip en la cabeza y entender”.
Foto: Cortesía
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Foto: La Jornada Morelos
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