La Jornada Morelos / MDD
En septiembre del 2019, la administración del exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presentó una solicitud de juicio político en contra de su antecesor, Graco Ramírez Garrido Abreu por no haber otorgado recursos suficientes para el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en el 2018; un expediente que fue detenido mediante un amparo tramitado por el acusado el 14 de noviembre del 2019.
Ahora, un tribunal colegiado resolvió el sobreseimiento del juicio de amparo iniciado por quien fuera gobernador de Morelos entre 2012 y 2018, y determinó que el señalado es sujeto de juicio político y ordenó al Congreso dictaminar con motivación y fundamento la resolución del caso.
El 27 de septiembre de 2019, el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, presentó formalmente ante el Congreso de Morelos la demanda de juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu a quien acusaba de omitir la ministración de recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2018, por un monto de aproximadamente 120 millones de pesos, destinados a los órganos autónomos; y añadió como agravante que la falta impidió el adecuado funcionamiento de ambas instituciones autónomas. La solicitud también incluyó a los exsecretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna, y de la Contraloría, Adriana Flores Garza, por su presunta colaboración en la retención de dichos recursos.
El 15 de noviembre de ese año, La Junta Política del Congreso local radicó la solicitud y comenzó el plazo de 30 días hábiles para calificar su procedencia o improcedencia, el 5 de febrero, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado admitió la solicitud de juicio político contra Graco Ramírez y sus colaboradores, al considerar la existencia de elementos suficientes para iniciar el procedimiento.
En agosto del 2020, el Congreso finalmente notificó al exgobernador y los involucrados sobre el procedimiento en su contra.
Graco Ramírez respondió por escrito las imputaciones, negando la procedencia del juicio político y argumentando la presunta prescripción y falta de emplazamiento oportuno. El proceso, sin embargo, enfrentó retrasos internos en el Congreso de Morelos, atribuibles a problemas de funcionamiento de la Legislatura y disputas políticas.
La sentencia del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa resolvió el amparo en revisión promovido por Ramírez y ordenó al Congreso local emitir un nuevo acuerdo, debidamente fundado y motivado, sobre la procedencia o improcedencia del juicio político promovido en 2019 por Cuauhtémoc Blanco Bravo.
El fallo obliga al Poder Legislativo local a reanudar el trámite y resolver de fondo la demanda contra el exgobernador, tras más de cinco años de interrumpido procedimiento.
Sobre el caso, el coordinador parlamentario de la mayoría morenista en el Congreso local, Rafael Reyes Reyes, informó que se revisará la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado y también analizarán la procedencia del Juicio Político, para entonces determinar lo que corresponda a derecho en el asunto.