Tras resolver el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) que el presidente municipal de Temixco, Israel Piña Labra, sí incurrió en Violencia Política en Razón de Género (VPRG) en contra de la sindica y una regidora, el funcionario recurrió a la federación para revertir el fallo.
El munícipe presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (federal), mediante el cual señala como acto impugnado la sentencia de fecha 6 de agosto dentro del expediente TEEM/JDC/41/2025-3 y acumulado.
En el escrito, solicitó a los magistrados integrantes de la Sala Regional del TEPJF de la Cuarta Circunscripción, con sede en la CDMX, la revisión de la sentencia, dentro del plazo establecido por la ley, en contra de la sentencia impuestas por la Ponencia 3, a cargo de la magistrada Ixel Mendoza Aragón.
“Vengo a presentar dentro del plazo procesal oportuno, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos”, se lee en el documento.
Sin embargo, al intentar cuestionar al edil Piña Labra con respecto al incumplimiento de la sentencia, y su impugnación, en un evento público, evadió a la prensa.
En tanto, el área de comunicación social, a cargo de José Miguel Domínguez Rueda, quien también fue titular del área, pero en Emiliano Zapata en el pasado trienio, instruyó a grabar a los periodistas en un acto de intimidación.
El TEEM acreditó que Israel Piña Labra sí cometió VPRG en contra de Graciela Cárdenas Morales y Adriana de la Cruz Castrejón, síndica y regidora, respectivamente, por lo que el edil será inscrito al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un plazo de tres años.
Además, se le ordenó ofrecer una disculpa pública, a través de los estrados y a través de internet por la página oficial del Ayuntamiento, misma que deberá publicarse en un diario que tenga circulación en ese municipio, lo que no hizo y, al contrario, utilizó dinero público para grabar un video en el que trabajadoras del Ayuntamiento lo respaldan a él, revictimizando a las denunciantes.
