Morelos indígena y afrodescendiente, raíces vivas que exigen respeto
En Morelos, como en todo México, las raíces indígenas y afrodescendientes son fundamentales para la comprensión de nuestra identidad nacional. De ellas provienen lenguas, costumbres, sistemas de organización comunitaria y una profunda sabiduría sobre el territorio y la vida. Sin embargo, como lo denuncia con crudeza Antimio Cruz en el reportaje que encontrará usted en la página siguiente, mientras las autoridades preparan ceremonias para conmemorar el próximo 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las comunidades de Xoxocotla, Ocotepec, Alpuyeca y Tlaltizapán siguen enfrentando despojos de agua y tierras, falta de hospitales, ausencia de escuelas y una discriminación normalizada.
El contraste entre el reconocimiento simbólico y la exclusión real es una herida abierta en Morelos, un estado con un significativo componente indígena y que, además, alberga a Temixco, el primer municipio afrodescendiente reconocido en México, junto a una vasta riqueza cultural marcada por sitios emblemáticos de la tradición prehispánica. No obstante, esta herencia viva permanece relegada. Como recuerda el maestro indígena Manuel Gómez Vázquez, “lo que se ha ido perdiendo es el sentido de identidad y la organización en cada comunidad. Eso es lo que más nos importa rescatar”.
La deuda histórica y una propuesta de justicia
En medio de esta realidad surge una posible respuesta. Como expone José Martínez Cruz en su artículo “Propuesta de Ley General de Derechos Indígenas y Afrodescendientes”, la iniciativa elaborada por la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, fruto de diez talleres y múltiples asambleas comunitarias, busca transformar en derechos exigibles lo que hasta hoy han sido sólo promesas.
Esta propuesta de ley reconoce la autonomía de los municipios indígenas y afrodescendientes, la jurisdicción indígena, el pluralismo jurídico y la igualdad sustantiva como principios rectores. Incluye también mecanismos para garantizar la consulta previa, libre e informada, protege los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas y contempla a las comunidades migrantes que viven en contextos urbanos o de trabajo agroindustrial.
Se trata de una visión jurídica innovadora que coloca en el centro la libre determinación y los sistemas normativos propios, otorgando un marco legal para que los pueblos originarios dejen de ser objetos de folclor y se conviertan, por fin, en sujetos plenos de derecho.
Entre discursos y realidades
La paradoja, sin embargo, es que las causas indígenas y afrodescendientes solo han servido, una y otra vez y en toda nuestra nación, como bandera política. Cada sexenio, la palabra “reivindicación” se escucha en los discursos, pero los datos no cambian: falta de agua en comunidades enteras desde hace por lo menos un lustro, inexistencia de infraestructura de salud y una universidad indígena, como demandan los Tatas y Nanas de Xoxocotla, contrastan con los presupuestos que se dedican a las fiestas patronales.
No se trata de caridad ni de programas temporales, sino de justicia. Como advierte el profesor indígena José Alberto Malpica Álvarez, lo que define la vida de estos pueblos a lo largo del tiempo es una sola palabra: resistencia.
El camino pendiente
Morelos, tierra de Emiliano Zapata, de luchas agrarias y de comunidades que han sabido defender sus tradiciones frente al olvido, tiene ahora una oportunidad histórica: apoyar una ley que podría saldar, al menos en parte, esa deuda que Antimio Cruz describe con precisión. Una deuda que no se limita al pasado: es una urgencia presente.
Porque reconocer a los pueblos indígenas y afrodescendientes no es un gesto cultural, sino una obligación ética y política. De ellos provienen no solo danzas, gastronomía e infinidad de palabras que han enriquecido al español, sino una visión del mundo que podría ayudarnos a recomponer nuestra relación con la tierra y con nosotros mismos.
La contradicción de reverenciar a los indígenas muertos mientras se despoja a los vivos debería llegar a su fin. En Morelos, y en todo México, ya no se trata de rendir homenajes: se trata de garantizar derechos. Y esa es la verdadera celebración pendiente.
