Juez tipificó como “violencia familiar” un intento de feminicidio
- A pesar de que la Fiscalía pidió 48 años de prisión, el juez Martín Gerardo Ríos Castro otorgó una pena reducida y emitió una sentencia sin perspectiva de género, ignorando peritajes, pruebas y testimonios.
- Cinco años después, Diana sigue sin justicia y atrapada en un proceso que califica como tortura institucional.
- “La reparación del daño no puede medirse en pesos ni limitarse a talleres de tres días para feminicidas, mientras las víctimas cargan una condena de por vida”, afirma.
Cuando una mujer sobrevive a un intento de feminicidio, no siempre se salva. A veces, lo más peligroso comienza después.
El testimonio de Diana Tamayo lo muestra con claridad: no sólo por la brutalidad de la violencia que vivió, sino por el entramado institucional que, lejos de brindarle justicia, la abandona, la revictimiza y la somete a procesos tortuosos. Al final, queda la impunidad de un sistema judicial que, como ella dice, “premia al agresor”.
En entrevista para La Jornada Morelos, Diana ha decidido romper el silencio y contar su historia con nombre propio. Lo hace para visibilizar lo que muchas otras no han podido decir: la tortura institucional que miles de mujeres víctimas de violencia de género enfrentan diariamente en México.
“Como tú eres joven, te voy a dar la sentencia mínima y el beneficio de libertad anticipada para que puedas reconstruir tu vida”, le dijo el juez —en plena audiencia— a Carlos Eduardo N., agresor de Diana.
Desde hace casi cinco años, ella no sólo enfrenta las secuelas de la violencia, sino el laberinto de un sistema judicial que la ha dejado en el desamparo:
“Pero yo también soy joven. ¿Quién me devuelve mi vida? ¿Quién me va a proteger de él cuando lo liberen?”, se pregunta.
Diana Tamayo, actualmente tiene 34 años y tras atravesar un proceso penal largo y extenuante en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hoy vive con la angustia de saber que su agresor podría salir libre en cualquier momento. La sentencia reducida que recibió, lejos de representar justicia, le ha impuesto a Diana una condena perpetua de miedo e incertidumbre.
“El juicio fue un infierno”, dice con firmeza. Y no solo por tener que revivir los hechos de violencia en cada audiencia, sino por la forma en que el sistema judicial la trató. De los ocho hechos de violencia acreditados que Diana denunció en 2020, el juez solo reconoció cuatro y otorgó penas mínimas. En uno de los casos —el que, según el juez, era el más grave— apenas recibió un año con siete meses.
“Todo estaba del lado de la Fiscalía y mi asesoría jurídica. Presentamos pruebas contundentes, videos, grabaciones, testimonios, pruebas médicas…”, nos comenta con una voz de rabia. A pesar de las pruebas, el juez lo tipificó como violencia familiar. Este delito, de violencia familiar, no se considera en su debida dimensión, en su total gravedad y como antesala de violencia feminicida.
Esa decisión administrativa no sólo distorsionó los hechos; marcó todo el proceso posterior con negligencias, omisiones y una crueldad burocrática que Diana resume en dos palabras: tortura institucional.
Hoy, tras haber cumplido tres años en prisión preventiva, el agresor solo debe purgar poco más de un año más, con posibilidades reales de obtener libertad anticipada por beneficios procesales.
“Estoy atrapada en un estado de sobrevivencia constante. Y eso no es vivir. Eso no es una vida digna”, dice Diana con una serenidad que duele.
Juicios que otorgan derechos a los feminicidas y calla a las victimas
“La justicia no nos prefiere vivas, nos prefiere calladas»
Uno de los ejes de la denuncia de Diana Tamayo es la incorrecta tipificación del delito. Sin quitar responsabilidades a las Fiscalías, el problema es todavía más estructural. Desde la Ley se ata las manos a las mujeres víctimas de violencia feminicida, pues aún ante la sucesión de hechos de violencia que causan daños, no sólo físicos, sino de otros tipos, la tentativa requiere una serie de elementos que, si no se configuran, no puede llegarse a esa clasificación.
“Así es como empieza la injusticia. No supieron o no quisieron recabar las pruebas para clasificarlo como tentativa de feminicidio. Nosotras tenemos que demostrar que sobrevivimos a que nos mataran. ¿Qué prueba más contundente que seguir viva con miedo?”
El resultado fue una condena que no refleja la gravedad de los hechos ni protege a la víctima. Una sentencia que, además, deja al descubierto la mirada misógina del juzgador, especialmente cuando Diana intentó hablar de lo irreparable: “Durante la audiencia, el juez permitió que mi agresor hablara todo lo que quiso. Lo dejó decir que era inocente, que era buena persona […] cuando yo pedí hablar, me interrumpió desde el primer momento. Me dijo: ‘Víctima, eso no. Yo no le pedí que dijera eso’. Quise hablar de lo que nunca voy a recuperar, mi vida, mi paz, pero el juez me calló. Me dijo que me limitara al tema económico. Mi abogada tuvo que intervenir para que me dejara hablar. Y aun así, me hablaba encima. Me minimizó. Me silenció.”
“Lo que hicieron fue borrar mi voz. En plena audiencia. Eso también es violencia.”
A pesar del respaldo de peritajes, testimonios y evidencias sólidas, la resolución final fue tan absurda que incluso el equipo de Ministerios Públicos quedó atónito.
“Nadie podía creerlo. La Fiscalía de entrada, solicitó la pena máxima de 48 años de cárcel para mi agresor… y que le dieran menos del 10% de la pena no es solo injusticia, es complicidad o quizá, corrupción”, acusa Diana. “Da mucha rabia, mucha impotencia, porque es un patrón que se repite en los juicios de delitos de violencia de género, como el mío […] esas mismas autoridades están juzgando de la misma manera a agresores de niñas y niños…”
Diana advierte que la sentencia dictada por el juez Martín Gerardo Ríos Castro —emitida sin perspectiva de género— no sólo le niega justicia: la coloca en un estado permanente de riesgo. “En este momento no estoy accediendo a la justicia. Esto no es justicia, es todo lo contrario: es poner mi vida en peligro, dejarme completamente vulnerable. Básicamente es una violación a mis derechos humanos, porque el juez ponderó la vida y los derechos de mi agresor por encima de los míos.”
¿Qué pasa cuando el Estado libera a los agresores?
“¿Cómo puede ser que alguien que intentó matarme, con peritajes, evidencia científica, testimonios… reciba la mínima? Nosotras no exageramos, no mentimos. Sobrevivimos. Y eso, parece, es lo que incomoda al sistema.”
Diana relata cómo su agresor, Carlos Eduardo N., violó en varias ocasiones las medidas cautelares sin recibir ninguna sanción: «Las incumplió una y otra vez. Y nada. Hasta que no quedó más remedio, se le dictó prisión preventiva. Pero ya era tarde. Para entonces, yo ya vivía con miedo constante”, nos explica Diana con un aire de desolación.
La sentencia, llegó hace apenas unas semanas tras casi cinco años de desgaste físico, emocional y económico. El juicio oral, con más de una decena de audiencias, fue una carrera de obstáculos donde la víctima tuvo que asumir tareas que corresponden a las autoridades: “Sin peritajes, una carpeta difícilmente se judicializa, mucho menos llega a juicio oral”, explica. Lo que debía ser función del aparato de justicia eficiente, se convirtió en una carga para una mujer que escapaba para salvar su vida; peritajes que debían quedar en uno o dos días, la fiscalía las tardaba meses”.
“El juez no tuvo perspectiva de género. No la tuvo al calificar el delito, al valorar las pruebas ni al dictar sentencia”. A Diana no le dieron justicia, sino “un fallo devastador”.
Desde entonces, nos relata, no ha podido retomar su vida. “No me podía levantar de la cama. No quería comer, no quería hacer nada”, dice con la voz quebrada. Su red médica le ha confirmado que su recuperación no podrá estabilizarse mientras el proceso judicial siga abierto. Pero no hay fecha para que termine. La justicia lenta no es justicia.
La reducción de la sentencia no solo representa una burla, sino un riesgo real para su vida. “El juez me puso en una situación de alta vulnerabilidad […] ya no tengo medidas oficiales de protección. Si mañana lo liberan, ¿quién me va a proteger?”, pregunta.
“Casos anteriores han demostrado que los agresores son liberados sin notificar a las víctimas, poniéndolas en peligro inmediato […]. ¡No es exageración! lo que están haciendo es lanzar una moneda al aire con nuestras vidas […]. Si el día de mañana mi agresor queda libre, va a venir a buscarme y a matarme. Como ha pasado con muchos casos documentados de mujeres sobrevivientes de intento de feminicidio”.
La ineficacia del sistema judicial en la implementación de medidas de protección para víctimas de violencia de género ha sido señalada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que en 2022 abrió un expediente por su caso y emitió la Recomendación General 01/22: “Sobre las órdenes y medidas de protección como mecanismo de acceso a la justicia de las niñas, adolescentes y mujeres”. En este documento se denuncian las irregularidades en la aplicación de dichas órdenes y la omisión reiterada de la Fiscalía. Diana, como muchas otras sobrevivientes, es prueba viva de esa falla estructural.
A partir de todo lo que ha enfrentado, Diana afirma que su experiencia equivale a una forma de tortura. Se apoya en lo expresado por el relator de la ONU, quien ha advertido que entorpecer o aplazar el acceso a la justicia en casos de violencia de género extrema también constituye una forma de tortura.
¿Quién protege al agresor?: complicidad e impunidad, una exigencia de justicia con nombre y rostro
“Es extenuante. Desgastante. Cada audiencia es un nuevo golpe. Te enfrentas al agresor, pero también a su red de apoyo, que va, lo respalda, lo mira con normalidad. Y tú estás ahí, sola, con tu cuerpo y tu testimonio como única defensa. Es como si el proceso estuviera diseñado para quebrarnos.”
Cada vez que una mujer denuncia, hay una red detrás que protege al agresor, dice con convicción. En su caso, como en tantos otros, enfrentarse al sistema significó enfrentarse también a la complicidad de familiares, amistades, instituciones y funcionarios que prefieren mirar hacia otro lado. “No solo es el juez, no solo es el fiscal: es toda una red que lo protege, que me llamó loca, exagerada, aprovechada”, denuncia.
Diana insiste en que estas redes no son invisibles, sino profundamente activas. Desde quienes desacreditan la palabra de la víctima, hasta quienes abiertamente encubren al agresor o lo defienden. “Hay lealtades que no deberían existir. Lealtades que protegen violadores, acosadores, feminicidas. Hay que romper con ellas”.
¿Por qué las redes de complicidad perpetúan la impunidad?
La sobreviviente Diana Tamayo exige que el juez Martín Gerardo Ríos Castro sea visibilizado como un ejemplo de lo que no debe ocurrir en un proceso judicial con perspectiva de género. “Hay que evidenciar a quiénes están permitiendo que los feminicidas salgan libres”, señala Diana. Al mismo tiempo que también demanda que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México revise la apelación con enfoque de género y niegue la liberación anticipada de su agresor: “Porque si lo liberan, yo no sé si voy a sobrevivir para contarlo.”
“No puede ser que en este país le den más años de cárcel a alguien por robarse un celular que a un hombre que casi mata a una mujer”
Para Diana, alzar la voz no solo exige justicia para ella, sino que busca sentar un precedente que impida que otras mujeres enfrenten la misma violencia e impunidad. Habla también por quienes han sobrevivido a las fallas de este sistema judicial: “El sistema debo entender que la reparación del daño no puede medirse en pesos, y que las víctimas no son cifras: son vidas que merecen ser vividas en paz”.
¿A qué llamamos justicia cuando no repara?
Mientras tanto, la narrativa institucional insiste en promover la llamada “justicia restaurativa”, pero en la práctica, esta se ha traducido en la normalización de la impunidad y la misoginia. Las salas de audiencia se han convertido en espacios de revictimización, en espacios violentos, más que de reparación. Diana lo ha vivido en carne propia: “El sistema está diseñado para que no lleguemos hasta el final. Para que nos rindamos. Pero aquí estoy. Y si algo he aprendido, es que las sobrevivientes tenemos que sostenernos entre nosotras. Porque si dependemos del Estado. Estamos solas.”
También critica la simulación institucional: “Los jueces y ministerios públicos creen que con un curso de perspectiva de género de un solo día van a mejorar sus prácticas. Pero no es así. Y lo mismo ocurre con los agresores: los criminales sentenciados por intento de feminicidio reciben como reparación del daño talleres de dos o tres días sobre violencia de género, como si eso bastara para cambiar a alguien que ya intentó matar. La realidad es que salen con más rabia, con sed de venganza.”
Esta conclusión no surge solo de su experiencia personal, sino también de los testimonios que ha recibido a través de las colectivas que la han acompañado durante todo el proceso. “En esa red de apoyo de mujeres he escuchado a muchas. A sobrevivientes como yo, y también a madres, hermanas e hijas que perdieron a una mujer a manos de un agresor como Carlos Eduardo N. Lo que vivimos no es una excepción. Es parte de un patrón, y hay responsables”.
Lo que o se ve, no se castiga
“[…] Toda violencia de género tiene el mismo peso. Pero sólo se castiga lo que deja moretones visibles. Lo demás, lo que duele por dentro, lo ignoran.”
Por si fuera poco, años después, Diana sigue resistiendo no sólo al recuerdo de la violencia, sino a sus secuelas más persistentes: el abandono institucional, la revictimización y el silencio. Su testimonio lo dice con claridad: el Estado sólo reconoce como violencia aquello que deja marcas físicas. El resto —el dolor emocional, el trauma psicológico, el miedo permanente— queda fuera del proceso judicial y de las políticas públicas.
Lo más doloroso para ella no fue sólo la sentencia que permitió a su agresor evadir 48 años de prisión. Fue constatar que el sistema legal no reconoce su derecho a vivir con dignidad: “El fallo positivo a la apelación de mi agresor, significa exponerme otra vez al riesgo y viola, una vez más, mis derechos”, señala con bastante preocupación.
Uno de los grandes silencios, como denuncia Diana, es el impacto devastador de la violencia en la salud mental. A pesar de los discursos oficiales, no existen campañas que nombren esta dimensión del daño: “Si nuestras heridas psicológicas se vieran, la gente se horrorizaría. Nadie menciona lo que vivimos en silencio. […] La violencia emocional, psicológica y simbólica está tan normalizada que ni siquiera es reconocida como delito grave”.
En su testimonio, Diana insiste en que los estragos de la violencia psicológica y emocional siguen siendo estigmatizadas. Y exige la existencia de reformas que reconozcan el daño psicológico como violencia real y seria: “Hay otras heridas, más profundas, que nunca se cierran. Las mujeres vivimos esto en silencio, porque si no hay sangre, no hay justicia”.
Libertad para el agresor y desplazamiento forzado para la víctima
Otro hecho que se da por sentado, es que, antes de denunciar, Diana tenía una empresa, un patrimonio, un camino claro. Pero la denuncia lo alteró todo. El costo fue económico, emocional y social. Su agresor, Carlos Eduardo N., no solo ejerció violencia física y sexual, también la despojó de todo lo que había construido: “Lo perdí todo, me robó, me dejó con deudas muy grandes, sin nada de lo que había construido con mi propio trabajo”, dice con una mezcla de resignación y dolor.
“Tuve que huir de mi casa justo después de denunciar, para poder salvaguardar mi vida. Porque las medidas de protección no funcionaron.”
Lo que sigue a una denuncia por violencia feminicida no es un proceso de reparación. Es un proceso de despojo. Y es también, como ella afirma, una forma de desplazamiento forzado.
Diana describe ese aislamiento como un proceso que la fue apagando poco a poco. “A raíz de todo el proceso fui obligada a dejar mi vida, además perdí habilidades sociales. Perdí la capacidad de confiar”. “[…] La violencia que sufrimos las mujeres, especialmente en relaciones de pareja, sigue muy estigmatizada. Hay muchos tabúes, y también mucho estigma sobre cómo continuar con tu vida, con tu proyecto de vida.”
Sobrevivir no es vivir
“¿Qué significa sobrevivir?”, se pregunta. Para ella, sobrevivir es apenas sostenerse en pie. No es vivir. “Denuncié a los 29 años. Hoy tengo 34. ¿Quién me devuelve esos años? ¿Mi tranquilidad? No he podido rehacer mi vida ni sentirme segura caminando en la calle. Estoy sobreviviendo, pero eso no es vivir.”
La reparación integral del daño explica, no puede reducirse a una cifra económica. Es un proceso largo, profundo, que exige garantías reales para retomar una vida en libertad. “Cada día que pasa es una batalla por volver a ser yo, o al menos acercarme a la mujer que quiero ser.”
Lo que ha sostenido a Diana no han sido las instituciones. Ha sido su familia y una red de mujeres que han atravesado procesos similares: sobrevivientes, desplazadas, despojadas. “Nos sujetamos entre nosotras, sobre todo en las audiencias, que son muy duras. Mientras la red del agresor está ahí presente, nosotras también estamos. Nos contenemos.”
A través de colectivas feministas y redes autogestionadas, Diana encontró contención, acompañamiento legal, emocional y político. Una forma de organización que, aunque nace del dolor, se convierte en refugio y trinchera.
“Este proceso implica resistir. No hay otra palabra: resistir y resistir.”
En cada testimonio de Diana, la palabra “resistir” aparece como un mantra, pero también como una condena. Resistir no es vivir. Es aguantar. Y nadie debería tener que aguantar tanto para que la Fiscalía haga su trabajo. El daño no es un episodio. Es una estructura. Es el Estado.
“No debería ser así. No debería costar tanto. No debería doler tanto. No deberíamos tener que exponer nuestras vidas para que alguien nos escuche.”
Es por eso que, en las páginas de este La Jornada Morelos, Diana ha decidido hablar con nombre y rostro. Ya no quiere el anonimato. “Me llamo Diana Tamayo, y quiero que se sepa. Que se sepa quién me agredió: Carlos Eduardo N. Que se sepa quién dictó esta sentencia vergonzosa: el juez Martín Gerardo Ríos Castro, del Tribunal de Enjuiciamiento de la Ciudad de México”, afirma con valentía. Su petición es clara: que su historia sea contada con respeto, con precisión y sin ocultar los nombres de quienes tienen responsabilidad.
Diana sabe que contar su historia es también una forma de resistencia. Y de esperanza:
“Al sistema le molestamos las que sobrevivimos. Porque hablamos, porque incomodamos, porque señalamos. Y eso no lo toleran. Tal vez nos prefieran muertas, porque ya no haríamos ruido. Pero estamos vivas. Y vamos a seguir hablando.”
La lectura de sentencia se realizó el 9 de julio. El juez dictó una pena de cuatro años y siete meses por violencia familiar, sin reconocer la tentativa de feminicidio. Carlos Eduardo N. quien ya cumplió tres años en prisión preventiva; podría salir libre antes de terminar su condena. Diana se encuentra en el proceso de apelación. Foto: Cortesía de Diana Tamayo
Carlos Eduardo N. fue sentenciado por violencia familiar, pese a que Diana denunció ocho actos de violencia con elementos de tentativa de feminicidio. El agresor podría salir libre antes de 2026, gracias al beneficio de libertad anticipada que le otorgó el juez. Foto: Diana Tamayo
Diana enfrentó una violencia sistemática desde 2017 hasta 2020, cuando presentó una denuncia formal; cinco años después, Tras un largo proceso judicial marcado por la revictimización, Diana sigue lidiando con las secuelas físicas y emocionales de una violencia que el sistema no logró dimensionar. Foto: Diana Tamayo
La sentencia del juez Martín Gerardo Ríos Castro evidenció lo que no debe ocurrir en un juicio por violencia de género: permitió violaciones a las medidas cautelares, negligencias, impunidad, revictimización y nulo reconocimiento del daño. Foto: internet