Anticorrupción ¿otra vez tú?
Si se tratara solo de echarle ganitas, probablemente la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ya habría terminado con todos los corruptos de Morelos y a lo mejor de México y el subcontinente latinoamericano. Pero todo indica que no se trata sólo de voluntades, el récord de la Anticorrupción es regular en casos de bajo perfil y prácticamente nulo en los casos de alto perfil, esos que involucran los asuntos que más ofenden a la ciudadanía como los expedientes de exgobernadores, exsecretarios y exalcaldes cuyas acciones y omisiones han provocado que Morelos sea un estado líder en malas prácticas gubernamentales.
Y no es que no se haya tenido a gente calificada a cargo. Los méritos profesionales de Juan Salazar Núñez, el primer responsable del órgano, y de Leonel Díaz Rogel, su actual titular, son indiscutibles, por ello no parecen injustas las altas expectativas que han puesto los morelenses en la fiscalía cuyo “no dar pie con bola” ofende entonces mucho más a la sociedad.
Hay casos emblemáticos en la institución, entre ellos los expedientes contra los exgobernadores, Graco Ramírez Garrido y Cuauhtémoc Blanco Bravo, una decena de exsecretarios de despacho, exalcaldes (incluidos uno de Cuernavaca y dos de Cuautla); y las carpetas se retrasan como si viajaran en tren descompuesto, o cuando llegan al juzgado no se obtienen vinculaciones a proceso, se diluyen los casos o se aplican otras formas de evasión de los castigos que harían creer que en Morelos (oh, maravilla) no existe la corrupción, y entonces los morelenses que la padecen, la observan, la señalan todos los días desde hace décadas son unos puristas, chillones, exagerados o de plano le tienen mala fe a la clase política.
Claro que eso es falso.
Los expedientes públicos y muchos privados documentan la enorme corrupción que padece el estado. La percepción de los morelenses sobre esa corrupción está entre las mayores de todo el país. Las evidencias de malas prácticas gubernamentales están a la vista de todos. La Fiscalía Anticorrupción era inefectiva e ineficaz cuando Salazar Núñez estaba a cargo y, aunque ha pasado poco tiempo desde que asumió el cargo, parece que con Leonel Díaz Rogel se repitieran las fallas que permitían la enorme impunidad de los malos servidores públicos en Morelos.
Periodo de gracia concluido
Todos los servidores públicos, cuando asumen un cargo, merecen un periodo de gracia, una suerte de voto de confianza cuya duración se ajusta conforme al contexto de cada dependencia. Con la determinación de un juez de no vincular a proceso a Antonio Villalobos, exalcalde de Cuernavaca acusado de por lo menos permitir el desvío de recursos de las cuotas de trabajadores de SAPAC a fines diferentes a los programados, ese voto se diluyó muy rápido para el nuevo fiscal Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel.
Seguramente no lo merecía, apenas hace unos días anunció el retiro de los dos más altos funcionarios de la fiscalía y el análisis del personal que los relevaría; pero la resolución del juzgador se dio en torno a uno de esos procesos emblemáticos de los que hablábamos arriba. Eso cambia el juego totalmente.
El ayuntamiento de Cuernavaca se quedó esperando que el primer fiscal Anticorrupción, Juan Salazar, atendiera las más de 30 denuncias en contra de exfuncionarios que colaboraron con Antonio Villalobos y con Cuauhtémoc Blanco en las administraciones 2019-2021 y 2016-2018. La colección de faltas es tal que habría quebrado a la capital del estado. La situación de abandono y de desconfianza en el ayuntamiento que Cuernavaca vivió durante esos seis años apenas se corrige. Eso explica la urgencia ciudadana de encontrar sanciones a quienes hayan sido responsables de la mala administración o el desfalco millonario a las arcas municipales.
El problema podrían ser los jueces
Los juzgadores parecen haberse acostumbrado a corregir la plana a la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de la no vinculación del exalcalde de marras el juez determinó no vincularlo a proceso por el delito que se solicitaba, pero no descartó que hubiera conductas constitutivas de delito en los hechos denunciados. Es decir, la fiscalía se habría equivocado de tipo penal al solicitar la vinculación a proceso. Como ese señalamiento ha habido muchos, tantos que hacen pensar en que probablemente hubiera mala voluntad de los juzgadores (así como el profe que le toma tirria al alumno que le cae gordo y le pone tache sólo por seguir procedimientos diferentes para llegar al mismo resultado).
De hecho, no en pocas ocasiones la Fiscalía solicitó la revisión del actuar de los jueces especialmente algunos que, presuntamente amparados por el entonces titular del Poder Judicial, Jorge Gamboa Olea, habrían resuelto a favor de los acusados en carpetas armadas con solidez. De ser así, llama la atención que no se haya iniciado proceso alguno contra esos juzgadores bajo sospecha de encubrir malas prácticas en el servicio público (una especie corrupción rellena de corrupción- platillo que parece típico de la simbólica cocina de la política morelense).
En vía de mientras, Leonel Díaz Rogel y su equipo necesitan dar un golpe contundente que aleje la percepción que ha producido el rápido y severo revés que les fue propinado. Es eso o considerar que la Fiscalía Anticorrupción volvió a ser como antes, o nunca dejó de ser ella.
