Lorena Castillo y la urgencia de fortalecer los Derechos Humanos
La directora del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, Lorena Castillo Castillo, solicitó licencia temporal para separarse del cargo, y podría ser una separación definitiva si en Morelos empieza a considerarse la capacidad académica, la experiencia y el compromiso con la materia como condiciones básicas para designar a quien ha de hacerse cargo de la Comisión de Derechos Humanos del estado.
Lorena Castillo es licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Historia Contemporánea y en Salud Pública con concentración en Ciencias Sociales, Doctora en Ciencias Sociales, especialista en Promoción de la Salud y tiene posdoctorado en Salud Pública; además ha trabajado por 17 años como docente en el Instituto Nacional de Salud Pública, es investigadora en Ciencias Médicas y parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, académicamente sus méritos son indiscutibles.
Sus investigaciones sobre prevención de la violencia de género, salud mental y adicciones, perspectiva de género, salud comunitaria, le aportan un perfil diferente al de otras y otros postulantes al cargo, la mayoría abogados cuya formación y práctica, si se nos permite el atrevimiento, es una parte fundamental del problema de los derechos humanos en Morelos y, seguramente, en el país.
Ya antes nos habíamos referido a la conveniencia de incorporar el enfoque de la salud pública en problemas como las violencias, y estas violencias incluyen las que parten de las instituciones, precisamente porque estos fenómenos tienen comportamientos que semejan a los de las enfermedades. Creemos, porque hemos observado el crecimiento exponencial de estos problemas, que en efecto la violencia parece ser contagiosa, que el abuso de autoridad es una especie de cáncer, y que los orígenes y efectos de la violencia deben rediagnosticarse, ya no sólo desde las mesas de criminalistas y abogados, sino desde un enfoque integral que permita nuevos tratamientos. El perfil de Lorena Castillo se vuelve interesante desde esa perspectiva y su aporte, como queda demostrado con su ejercicio en el Instituto de la Mujer de Cuernavaca, puede significar un cambio interesante y positivo para extenderlo a los Derechos Humanos de todos en Morelos.
Para ello, claro, hará falta que los diputados dejen de pensar en la Comisión de Derechos Humanos como una cuota política o un premio a un grupo determinado de activistas o políticos. Tomarse en serio el nombramiento en la CDHM es urgente para una tarea que, como va el estado, se convierte en fundamental para la vida en sociedad.
Prometemos que, si los diputados se toman en serio el nombramiento, nosotros también los tomaremos en serio (hasta que dejen de serlo, por supuesto).
Reformas penales y los Derechos Humanos
En innegable que las reformas al Código Penal para el estado de Morelos que presentaron, una la gobernadora, Margarita González Saravia, y otras los diputados de Morena, Verde Ecologista y Nueva Alianza; y el marco legal federal que endurece la vigilancia del Estado hacia grupos sociales determinados, parten de un diagnóstico correcto. Los grupos criminales han extendido sus formas de lastimar y sembrar miedo a la sociedad y eso deberá enfrentarse con la tipificación de nuevos delitos.
Pero también debe concederse que estas adiciones de tipos penales podrían afectar los derechos humanos de grupos a quienes no van dirigidas las iniciativas, pero, por extensión estarían en riesgo. La prohibición de los corridos que hacen apología de delitos podría extenderse a otros géneros musicales de protesta cuya dureza podría malinterpretarse desde el Poder público.
Los ataques frecuentes desde algunos poderes públicos y personajes políticos a la libertad de expresión por la vía de demandas penales y civiles, de denuncias ante la autoridad electoral, de inclusiones en listados infamantes; el cinismo con que, algunos poderosos pretenden “conceder” libertades individuales y sociales que no son suyas para mostrarse generosos mientras claudican en la defensa de ellas frente a cualquier poder; la justificación que algunos grupos sociales hacen de todo tipo de autoritarismo bajo el conocido “hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre”; y otras prácticas que se han vuelto especialmente comunes los últimos años, muestran la urgencia de contar con un organismo independiente de Derechos Humanos cuya capacidad operativa pueda proteger a la ciudadanía y a cada individuo, de excesos legales.
Por supuesto que creemos que, en Morelos, por ejemplo, la gobernadora, Margarita González Saravia, no tiene una personalidad autoritaria y que tiene muy buena voluntad hacia las expresiones críticas o a las que simplemente son diferentes a su pensamiento; igual pasa con algunos alcaldes, otros tantos diputados y algunos magistrados; pero todos ellos concederán que no podemos, los ciudadanos, vivir solo de las confianzas. La moderación debida en la especificidad de las leyes, pero también en las instituciones que deben aplicarlas es obligada cuando se acercan a fronteras tan delicadas como las libertades y ciudadanas y derechos humanos a la expresión, la privacidad, el olvido, el tránsito.
De ahí la necesidad de que, en una época en que faltan los contrapesos específicos, es decir los que buscan limitar la acción del Poder público en áreas definidas como, justamente, los Derechos Humanos, se fortalezca la comisión local con un liderazgo que considere, más allá de los tecnicismos jurídicos y los líos políticos, la defensa de las garantías individuales, de todos los derechos humanos y sociales, que le permitan a las áreas del estado que no necesariamente la tienen, esa decencia consecuencia del respeto a los gobernados.
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