Si bien una parte del esquema con que el Estado mexicano intenta proteger áreas naturales se diseñó pensando en que las áreas trascienden los límites políticos de los estados y municipios; también en gran medida fue trazado para responder a la debilidad institucional, corrupción y hasta abulia de ayuntamientos que, por acción u omisión, permitieron prácticas de devastación ambiental permanente en territorios vitales para el equilibrio ecológico.
Tepoztlán es un municipio ejemplar en muchos sentidos más allá de su atractivo turístico. El amor que los tepoztecos tienen por sus bosques y el cuidado que históricamente han tenido para conservar su entorno, ha permitido frenar muchos intentos de devastación. Pero la vigilancia y activismo ha sido insuficiente para contener las frecuentes agresiones a los bosques de parte de fraccionadores, invasores de predios y otras conductas externas que fueron permitidas y hasta estimuladas en el pasado por muchos funcionarios municipales y estatales.
Con el inicio de la administración del alcalde, Perseo Quiroz Rendón, la desidia y corrupción en el ayuntamiento Tepozteco parece haberse erradicado; el compromiso con el medio ambiente y la conservación de la mística que llegaron a tener el Pueblo Mágico y el resto de las comunidades de Tepoztlán converge con el interés de los gobiernos estatal, encabezado por Margarita González Saravia, y federal, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han mostrado en repetidas ocasiones el cariño especial que sienten por Tepoztlán y el interés en su prosperidad y conservación.
En seis meses, Perseo Quiroz ha hecho un trabajo relevante para regular los puestos de micheladas y bares que operaban fuera de todo orden; apoyar a los combatientes forestales y reforzar la prevención de incendios; clausurar obras irregulares en el Área Natural Protegida que corresponde al municipio; sin dejar de atender las tareas municipales de servicios públicos y fomento. Por eso resulta especialmente preocupante que un marco jurídico burocrático atore un asunto de tal magnitud e importancia por el daño ecológico que produce como la clausura de un tiradero clandestino al que se habrían arrojado alrededor de tres mil neumáticos en los linderos del Parque Nacional El Tepozteco.
Aún antes de asumir el cargo, el alcalde tepozteco alertó sobre el tiradero clandestino, ubicado en la zona conocida como “La Franja”, un área sujeta a la común invasión de construcciones irregulares. La denuncia se acompañó con fotografías de la acumulación de llantas en la zona, algunas ya cubiertas por tierra que demuestran la operación del tiradero clandestino desde hace más de tres años. Como se trata de asentamientos ilegales, no hay a quien responsabilizar directamente; y como la zona está en los límites del Área Natural Protegida, hay problemas de jurisdicción.
El alcalde ha insistido en la urgencia de que las autoridades estatales y federales apoyen para la clausura del predio y el retiro de los materiales arrojados ahí, lo que lleva tiempo justamente por la complicación que el diseño de los esquemas de protección de reservas naturales pone en materia de jurisdicciones. En efecto, algo que podría haberse resuelto en unos cuantos días si estuviera en manos del ayuntamiento (como ha ocurrido en otras clausuras menores), en este caso se ha complicado y los tiempos de respuesta han aumentado.
Probablemente, a la luz no solo de lo que hoy ocurre en Tepoztlán, sino de modelos exitosos de protección de las reservas naturales a cargo de sus pobladores (como ocurre en la Sierra de Huautla), sería tiempo de revisar el esquema para permitir que los tepoztecos y su alcalde se involucren más y oportunamente en el cuidado de su entorno. Es eso o agilizar el accionar de las autoridades federales y estatales de protección al ambiente.
