Ayer un grupo de personas bloqueó la glorieta de La Paloma de la Paz para exigir la liberación de un sujeto que, ellos decían, fue detenido injustificadamente por la policía estatal. La toma de la glorieta provocó afectaciones graves al tránsito y los tiempos de recorrido en el norte de la ciudad, pero fue una causa injustificada.

En los hechos, el aparatoso operativo policiaco de este jueves en la colonia Lienzo Charro buscaba (y finalmente logró) cumplimentar órdenes judiciales derivadas de denuncias ciudadanas en contra de un presunto distribuidor de drogas que vendía a universitarios en la zona y operaba como un humilde vendedor de elotes.

En el operativo fueron asegurados un arma corta, aparatos de telefonía, y un chaleco antibalas etiquetado con el apodo del presunto distribuidor quien, a la sazón, había sido elemento de la policía municipal de Cuernavaca y llevaba tiempo dedicado a la venta al menudeo de sustancias ilícitas.

Lo cierto es que, a pesar de la alta incidencia delictiva que registran, hacía muchos años que las fuerzas de seguridad no hacían operativos en colonias como Lienzo Charro y otras zonas de silencio e impunidad que se permitieron en diversos puntos del estado durante por lo menos dos décadas, parte por temor a lo “brava” que resulta la gente de esos poblados y colonias y parte por una evidente protección por omisión de los cuerpos policiacos y autoridades de seguridad pública.

Entonces, la noticia del operativo en Lienzo Charro, y de otros que se han realizado en otras zonas que padecían del abandono de las fuerzas del orden, tendría que considerarse como buena en términos de pone fin a la impunidad que se mantenía en algunos sitios de las ciudades. En el caso de la colonia en cuestión, resultaba mucho más preocupante por su vecindad con el cuartel general de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, a menos de un kilómetro.

Los vecinos de la colonia protestaron por la detención bajo el argumento de que el sujeto capturado es su vecino de hace muchos años. Según testimonios de los manifestantes se trata de una persona que solamente vendía elotes, pero las denuncias son claras, el operativo obedeció al contenido de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de Morelos, y el detenido tendrá todo el derecho para defenderse por las vías legales en caso de que la autoridad no pueda acreditar su culpabilidad.

Igual que no se deben permitir los abusos policiacos, la fabricación de delitos, el ejercicio del poder policiaco y el aparato de justicia en contra de personas inocentes; tampoco tendría que tolerarse la no aplicación de la ley sobre quienes resultan responsables de la comisión de delitos, mucho menos cuando se trata de los crímenes que más dañan a la sociedad y a su juventud.

Por supuesto que a nadie le gustaría reconocer que sus vecinos son delincuentes, generadores de violencia, o simples malvivientes, pero la experiencia reciente nos enseña que difícilmente sabemos quiénes son nuestros vecinos, y mucho menos si sus actividades son lícitas. Defender a priori a cualquier sujeto frente a carpetas de investigación bien integradas y a la contundencia de los hechos, podría poner en riesgo el debido proceso y con ello todo el sistema de seguridad pública y procuración y administración de justicia; algo que se permitió durante años con los resultados que todos conocemos y padecemos.

La Jornada Morelos