Clara Viviana Meza
La falta de acuerdos dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos, sólo ha evidenciado lo poco que les interesa a los magistrados el acceso a la legalidad de quien lo necesita, dejando en la indefensión a los justiciables que sólo buscan acceder a la justicia, consideró el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el estado.
Así lo expresó en entrevista para La Jornada Morelos, la vocera de esta organización, Claudia Jiménez, quien consideró que el actuar del Pleno, que ya ha sesionado más de 20 veces sin poder elegir a un nuevo presidente, es una burla a la ciudadanía, la cual queda en “total desprotección”.
Hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que también tome en consideración el actuar de los magistrados “porque al final en ellos recae el trabajo de los ministerios públicos», ya que deben trabajar coordinadamente para la resolución de las carpetas de investigación.
“Es importante destacar que la actualización de los magistrados evidencia lo poco que les importa la justicia y como sus intereses personales están por encima del restablecimiento de la paz en el estado. Todo esto es muy grave ante la magnitud de violencia en el estado, como el cruel asesinato de la hija de la titular del Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) y los juzgadores no tienen sentido de responsabilidad social”, destacó.
Por lo que, además del trabajo que ha hecho el Congreso del Estado para nombrar a Juan Emilio Elizalde como titular temporal ante la falta de acuerdos, también instó a otras dependencias para que también se pronuncien al respecto, al considerar que, aunque es un Poder autónomo, sí debería competer a otras instancias para garantizar la accesibilidad de justicia a quienes tienen rezagadas sus carpetas de investigación.
“Me preguntó dónde está la dependencia de estadística y acceso a la información para que descubra qué casos han llevado estos magistrados y que tal vez pudieran servir de indicadores de dónde colocan su sentido de justicia. Esperamos un pronunciamiento de parte no sólo del Congreso, sino del SIPINNA, DIF, Instituto de la Mujer, para saber qué opinan ante la magnitud de violencia institucional en el estado”, puntualizó.
