Nuestro estado acaba de salir de una etapa crítica para su gobernabilidad, con el cambio en la Presidencia del Poder Judicial se da un paso adelante para evitar que la importación e interpretación de las leyes estuviera a cargo de un grupo de magistrados guiados por sus muy personales intereses, como lo demostraron en las últimas semanas negándose al diálogo y a la negociación.
El Poder Judicial, como columna vertebral de cualquier democracia funcional, tiene la misión de garantizar el acceso a la justicia, vigilar el cumplimiento de las leyes y actuar como contrapeso frente a los excesos del poder. Cuando esta institución se ve comprometida, se debilita el Estado de derecho y se erosiona el pacto social mismo. En Morelos, ese riesgo ya no era una advertencia, sino una realidad tangible.
No fue un episodio anecdótico, fue la evidencia del sentido patrimonialista con el que este grupo de magistrados manejaban la ley en Morelos y cada día que pasaba, cada convocatoria que desdeñaban, los evidenciaba más y más demostrando que, quienes deberían poner el ejemplo, solo estaban dispuestos a obedecer la ley si les convenía.
Tuvo que intervenir el Congreso para destrabar el punto muerto en el que Jorge Luis Gamboa Olea y su séquito de magistrados hundieron al Tribunal Superior de Justicia, el que ya tenían secuestrado desde hace meses.
Desde enero pasado, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización realiza una auditoría especial al Tribunal, motivada por catorce denuncias presentadas por magistrados, abogados y ciudadanos. Las acusaciones —que abarcan desde uso indebido de recursos hasta un estilo de vida presuntamente incompatible con los ingresos del cargo— se centran en la gestión de Gamboa Olea.
Los señalamientos no son menores. Además del presunto mal manejo financiero durante los ejercicios 2021, 2022, 2023 y lo que va del 2024, la negativa de Gamboa Olea a realizar el proceso de entrega-recepción tras su destitución en mayo pasado alimenta las sospechas de opacidad y posible encubrimiento.
Así es que una nueva Presidencia en el Tribunal no basta para cerrar un oprobioso capítulo para la justicia en nuestro estado, tampoco son suficientes las auditorías. Lo que Morelos necesita con urgencia es la reconstrucción de un Poder Judicial independiente, profesional y éticamente comprometido con el interés público en lugar del personal; más allá del diálogo, conciliación y mirar para adelante que ofreció el nuevo magistrado presidente, Juan Emilio Elizalde Figueroa, se necesita que el Tribunal y todo el aparato de justicia del estado demuestre que aún pervive, en algún rincón, la obediencia a la ley a la que todo ellos están más comprometidos que cualquier ciudadano de a pie.
Así es que este episodio no se cerrará y la principal institución de la justicia en Morelos no comenzará a convalecer, sino hasta que se aclaren todas esas denuncias e investigaciones. Más adelante, habría que revisar los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y vigilancia interna.
Se va a requerir de voluntad política para que la justicia deje de ser patrimonio de cúpulas cerradas y regrese al servicio del pueblo.
Porque sin justicia no hay paz social, ni desarrollo sostenible, ni democracia posible. Y porque permitir que el Poder Judicial se pasme en la inercia de la corrupción y el conflicto, es condenar al estado entero al desgobierno y a la impunidad.
